LA LEY mercantil le ofrece el trabajo «¿Qué hacer desde el derecho con los grupos de sociedades?», una reflexiones sobre los grupos de sociedades y las características más conflictivas de esta`particular figura jurídica.

Los alarmantes datos sobre el ciberfraude en los últimos años (un incremento delictivo del 509,1% en 2023 con relación a los datos de 2016) sitúan encima de la mesa el debate sobre cómo y cuál debe ser la respuesta jurídica frente a este tipo de criminalidad tecnológica. ¿Qué papel juegan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? ¿Y el Banco de España? ¿Qué instrumentos legales tiene a su disposición el usuario de servicios de pago?

En pleno 2024, el uso del algoritmo en las relaciones laborales está tan normalizado como la pausa del café. En este sentido, no es extraño que la primera toma de contacto se produzca incluso antes de firmarse el contrato. Los trabajadores, en ese momento, candidatos, se enfrentan «indefensos» a cómo el avance o no de su candidatura está cada vez más determinado por la utilización del algoritmo. Posteriormente, una vez ya incorporados a la plantilla, observan estupefactos cómo la evaluación de su trabajo a efectos de beneficiarse de un bonus, la asignación de clientes o turnos, o, incluso, la decisión sobre su ascenso puede ser adoptada automáticamente.

La Ley Orgánica 1/2024 de amnistía busca, en teoría, normalizar las tensiones entre Cataluña y el Gobierno español, enfocándose en actos relacionados con las consultas independentistas de 2014 y 2017. Promulgada con el fin de amnistiar responsabilidades penales, administrativas y contables, la ley ha sido muy controvertida, reflejando la polarización en el Parlamento y la sociedad. Su ámbito de aplicación, sus implicaciones jurídicas y políticas y las controversias interpretativas que han surgido son cruciales, pues la aplicación de la ley ha mostrado variados supuestos, desde la plena eficacia de la amnistía hasta su denegación, con debates sobre su constitucionalidad y su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea. A este respecto, han existido manifestaciones de dirigentes políticos y operadores jurídicos que hacen alusiones a la voluntad del legislador, cuando esa no es la vía más adecuada para inferir el espíritu de la Ley de Amnistía de cara a su aplicación.

La reciente modificación de la Ley de Derechos Humanos de Illinois, que entrará en vigor en enero de 2026, prohíbe el uso discriminatorio de la inteligencia artificial (en adelante, IA) en trámites propios de las relaciones laborales como la contratación y los ascensos. Esta legislación aborda tanto la IA tradicional como la generativa, considerando los riesgos de discriminación que pueden surgir de los sesgos algorítmicos. La ley obliga a las empresas a ser transparentes sobre el uso de IA, promoviendo la equidad y la responsabilidad en el lugar de trabajo. Aunque enfrenta desafíos en su implementación, incluyendo la necesidad de supervisión técnica y la resistencia empresarial, la ley representa un avance significativo hacia la protección de los derechos de los trabajadores en la era digital y establece un ejemplo para futuras regulaciones, sin perjuicio de que se pueda comparar, en aspectos básicos, con el Reglamento de Inteligencia Artificial.

El cómputo del plazo para la interposición de la demanda que desestima la reclamación previa se rige por las reglas generales de los arts. 130.2 LEC y 182 LOPJ, que disponen que son días inhábiles a efectos procesales los sábados.

Entenderlo de otro modo impediría poder examinar durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos los términos en que se va dando satisfacción a cada uno de los acreedores, lo que a su vez obstaculizaría que puedan solicitar del Juez del concurso la revocación de la concesión provisional del BEPI en caso de incumplimiento del plan de pagos.

Para el Tribunal la Comunidad Autónoma ha tomado la decisión sin haber practicado todas las actuaciones necesarias para la comprobación del estado de los menores.

Se trata de un tipo de resultado que requiere una alteración en las rutinas, costumbres o actividades de la persona afectada. Y la sentencia de instancia se limita a explicar que hubo “perturbación en la vida cotidiana”, pero no señala en qué consistió.

Para el cómputo de la carencia específica debe aplicarse la regla "día trabajado es día cotizado", con independencia de la parcialidad de la jornada de cada día, sin que deban totalizarse las horas trabajadas.

La Comisión Europea ha adoptado un Plan de Crecimiento para la República de Moldavia por valor de 1.800 millones de euros y respaldado por un Mecanismo de Reforma y Crecimiento para el período 2025-2027. El Plan, que es el mayor paquete de apoyo financiero de la UE desde la independencia de Moldavia, impulsará la economía del país, acercará al país a la adhesión a la UE acelerando las reformas y proporcionará una importante asistencia financiera.

La Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid (España) obtuvo una sentencia condenatoria en un caso relativo a un proyecto de una nueva fábrica para producir piensos para animales, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Las fusiones en las firmas legales de tamaño reducido pueden ser una inmejorable oportunidad para, más allá de la supervivencia, el crecimiento y desarrollo de negocios legales que pueden superar carencias o dificultades propias de un mercado muy competitivo optando por la cooperación en lugar de la confrontación. Pero es crucial saber gestionar el proceso desde la transparencia y la lealtad entre las partes.

Como secuela de un atropello sufrido cuando era menor de edad, el demandante padeció un grave deterioro de las funciones cerebrales y fue declarado incapaz para administrar su persona y bienes por sentencia judicial que acordó la rehabilitación de la patria potestad de sus padres

Rebaja a 0,2 gramos por litro la tasa máxima de alcohol en sangre y a 0,1 mg/l en aire espirado.

Con este recurso, la Sala de lo Social unifica doctrina en cuanto al plazo de 30 días fijado para interponer una demanda de este tipo y rectifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestimó la demanda teniendo en cuenta “la caducidad de la instancia”.