Selección y comentario de las principales novedades tanto a nivel jurisprudencial como de la doctrina de la DGSJFP en esta materia especializada que afecta directamente a la ejecución hipotecaria.

Análisis crítico de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la viabilidad de formular demanda reconvencional en los juicios de desahucio arrendaticios y sobre la procedencia de la suspensión de las actuaciones por prejudicialidad civil en caso de formular demanda de revisión de rentas en proceso de juicio ordinario paralelo al juicio de desahucio.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una sanción de apercibimiento a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) por pretender recabar, en el curso de la imprescindible comprobación de si sus faltas y ausencias al servicio estaban o no justificadas, datos relativos a la salud de un funcionario. La Sentencia de la Audiencia Nacional (SAN) de 24 de mayo de 2024, susceptible de recurso de casación, anula la sanción impuesta porque realmente no existió el objeto típico de la infracción.

La inteligencia artificial (IA) se está posicionando como una tecnología esencial que impacta áreas clave del desarrollo humano, incluidos los sectores económicos, sociales y jurídicos. No obstante, la respuesta normativa a los desafíos que presenta la IA ha sido diversa y fragmentada, lo cual genera incertidumbre jurídica y plantea desafíos significativos para la coherencia y justicia en la aplicación del derecho. Este artículo analiza de manera crítica la fragmentación del derecho de la IA, identificando sus causas, sus consecuencias, y comparándolo con la experiencia del derecho internacional. A partir de este análisis, se proponen estrategias para lograr un marco regulatorio más coherente y equitativo. Las propuestas incluyen la creación de normas internacionales comunes, la adopción del enfoque de «diálogo de las fuentes», la creación de un organismo internacional para supervisar la IA y la promoción de la cooperación regulatoria internacional. Estas estrategias buscan reducir la fragmentación normativa y mejorar la coherencia del sistema normativo global para la IA.

Aunque los hechos pudieran llegar a erosionar objetivamente el derecho al honor del director del Instituto público, la actuación del acusado estuvo amparada por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y esta circunstancia elimina la antijuridicidad de la conducta. Los escritos se difundieron con la intención de denunciar unas decisiones que el acusado consideraba abusivas e injustificadas, sin que estuvieran impulsadas por la intención de menoscabar el honor del recurrente.

La existencia del pacto de atribución de cuotas al esposo sólo puede predicarse de la cantidad a la que ascendía el principal del préstamo en el momento de la firma del acuerdo. En cambio, respecto a la cantidad en la que se amplío con la novación no existe constancia de un nuevo pacto sobre su adjudicación en exclusiva al esposo, o de extensión de los efectos del pacto anterior al pago correspondiente a esta nueva cantidad.

Se declara la responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica aunque las labores de extinción se realizaron por helicópteros de la contratista del servicio de fletamento de medios aéreos. La sentencia afirma que actuaban por orden de la dotación de bomberos y recuerda la posibilidad de repetir contra ella por una deficiente ejecución de los trabajos.

Aunque en el Convenio aplicable se identifiquen como trabajos con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa "las campañas turísticas", esta previsión no exime a la empresa de tener que cumplir con las previsiones que el art. 2 del Real Decreto 2720/1998.

No se ha demostrado que las cláusulas de paridad de tarifas, por una parte, sean objetivamente necesarias para la realización de la operación principal, consistente en la prestación de servicios de reservas hoteleras en línea y, por otra, sean proporcionadas al objetivo perseguido por aquella. Aunque las cláusulas de paridad, tanto amplia como restringida, han sido prohibidas en varios Estados miembros, la prestación de los servicios por Booking.com no se ha visto comprometida.

Hay una correlación entre la facultad para declarar la derivación de responsabilidad solidaria y la de exigir el pago al ya declarado responsable -acciones distintas y sucesivas-, porque los hechos interruptivos, según la ley, son diferencias en uno y otro caso, de suerte que el carácter interruptivo de actuaciones recaudatorias solo es apto y eficaz para la exigencia del cobro al responsable de una deuda ya derivada.

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el pasaporte de servicio (23 septiembre 2024).

Consulta pública sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo (26 septiembre 2024).

Consulta pública sobre los sistemas de auto y corregulación para la calificación por edad de los contenidos (25 septiembre hasta el 28 octubre 2024).

El hecho de que el afectado comunicase su orientación sexual durante una mesa redonda abierta al público no autoriza al operador de una plataforma de red social en línea a tratar otros datos relativos a su orientación sexual obtenidos, en su caso, fuera de dicha plataforma, con el fin de agregar y de analizar esos datos para proponerle publicidad personalizada.

No obstante, requiere la autorización previa de un órgano jurisdiccional o de una autoridad independiente y debe ser proporcionado.

Aunque la normativa controvertida implica efectivamente una diferencia de trato que puede tener efectos disuasorios sobre el ejercicio de la libertad de establecimiento, persigue el objetivo legítimo de lucha contra la evasión y el fraude fiscales.

Esta decisión revoca una sentencia anterior del Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao, que rechazaba la solicitud del recluso, en línea con el criterio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Lo que quiere es favorecer que personas de baja por tratamientos médicos puedan reincorporarse a trabajar si así lo desean

La Dirección General de Tráfico (DGT), el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas trabajan en un proyecto para la retirada del permiso de conducir a aquellos conductores que presenten problemas de abuso de alcohol y sean reincidentes hasta que estén rehabilitados.