Comienza en Málaga el «II Congreso de la Abogacía Pública». Mª Concepción Serrano Luque, jefa de Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación Provincial de Málaga y Amelia I. Aguilar Román, jefa de Servicio de su Agencia Pública de Recaudación y miembros de la organización del evento, nos cuentan en esta entrevista las claves de este encuentro.

La tecnología en general y la Inteligencia Artificial, en particular, está en todas partes y, en especial, presenta un gran potencial en su contribución a alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. La publicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial nos dota de un marco para el despliegue de los sistemas en la gestión pública, sin olvidar la necesidad de tener en cuenta los riesgos para la transición energética, que han hecho aparecer los conocidos como «algoritmos verdes».

El artículo ofrece un análisis sobre la posesión de materiales nucleares y otras sustancias radioactivas sancionadas en el Código Penal español. Se parte de la descripción de un contexto geopolítico actual para explicar la gravedad de los objetos a fin de comprender la justificación prevista en el sistema nacional. Se ofrece, además, un análisis del concepto de posesión en derecho penal, para luego presentar los modelos que sancionan la posesión (cosas que despliegan peligrosidad, cosas que implican violación previa a una norma, cosas que representan un estado de preparación delictiva…); para poder explicar la estructura de la norma del delito de posesión materiales nucleares u otras sustancias radiactivas peligrosas, finalmente, se presentan las conclusiones.

Análisis de dos supuestos concretos; inadmisión por falta de aportación de los poderes (Art. 24 LEC) e inadmisión por no justificar si el inmueble constituye vivienda habitual en un desahucio por falta de pago de local de negocio (Art. 439.6 LEC).

Análisis de la Sentencia TS (Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, 2ª) de 17 Junio sobre la Inviolabilidad del domicilio y pruebas obtenidas en la ejecución de actos de entrada y registro en procedimiento de inspección de los tributos autorizados judicialmente.

Esta cuarta edición tendrán lugar los próximos días 17 y 18 de octubre en la Universidad de Deusto y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia en formato presencial. Podrán seguirse también vía streaming.

El Reglamento de Inteligencia Artificial refuerza la función de control de esta tecnología por parte de los seres humanos cuando entrañe un riesgo elevado

Para el Tribunal no se ha probado la conducta sancionada en cuanto a la vulneración de los datos personales denunciados ni se han practicado las comprobaciones ulteriores por parte de la Agencia que evidencien la existencia de la infracción.

Utilizó sin su autorización su nombre y sus fotografías, que había tomado de Facebook, y se aprovechó de ellas para contactar durante meses con un número indeterminado de personas, lo que constituye una grave y clarísima intromisión ilegítima en la intimidad y la propia imagen del actor.

Solicitado telefónicamente un aumento de la potencia contratada por quien dijo ser la hermana del reclamante, arrendataria de la vivienda, la compañía accedió sin comprobar que actuaba en representación del titular, evidenciando así que carecía de un protocolo de seguridad adecuado.

Absolución del médico del hospital que accedió al sistema informático para consultar tales datos después del cese de la convivencia matrimonial de su hijo con la víctima, al no causar ningún perjuicio a la afectada. No accedió a su historia clínica ni consta que comunicara a terceras personas datos o información alguna.

La trabajadora incluso participó de forma activa en protestas vecinales por decisiones de la titular de los inmuebles cuyo arrendamiento gestiona la empleadora.

Ejercitada la opción de compra se consuma el contrato por el que se concedió y se perfecciona la compraventa, y por ello, el contrato de opción de compra y la ulterior compraventa del inmueble como consecuencia del ejercicio de la opción dan lugar, a efectos fiscales, a dos alteraciones patrimoniales diferenciadas.

La normativa comunitaria sobre el seguro obligatorio de automóviles se opone, salvo que exista abuso de derecho, a una normativa nacional que permite al asegurador obtener el reembolso de las cantidades abonadas al ocupante y oponerle, cuando también sea el tomador del seguro, la nulidad del contrato por la emisión de una declaración falsa acerca de la identidad del conductor habitual del vehículo.

El Consejo ha adoptado su mandato de negociación sobre un paquete de medidas para adaptar el marco de resolución alternativa de disputas (RAL) a los desafíos del mundo digital.

Deben ser profesionales de prestigio con destrezas sociales que pueden representar y mejorar la imagen y los objetivos de la empresa.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto (publicado ayer en el BOE) por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), dentro del Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Consejo de Estado ya ha emitido dictamen y considera, por unanimidad, inconstitucionales las actuaciones del Gobierno canario por distintas vulneraciones competenciales.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD), ha dado luz verde a un nuevo título de Formación Profesional de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales, perteneciente a la familia de Seguridad y Medio Ambiente.

El proyecto de ley indica que “para la presentación de reclamaciones no será necesario contar con la intervención de ningún profesional, asesor o representante”. Algo que rechaza la Abogacía.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de León ha obligado al Ayuntamiento de León a indemnizar con 149.858 euros a un abogado asesor de la Administración, debido al exceso de trabajo que tuvo que asumir en solitario.

El gasto anual en pensiones se sitúa en unos 12.000 millones de euros en el País Vasco, según las estimaciones del Ejecutivo autonómico

Análisis de las áreas jurídicas que resultan implicadas en un contexto de dificultades económicas o insolvencia de un deudor y cuyo tratamiento se encuentra disperso a lo largo de la Ley Concursal. Actualizado con la última jurisprudencia.