Nos proponemos analizar en este trabajo los elementos relevantes para la configuración del delito corporativo que, a nuestro juicio, merece un reproche penal autónomo. Ello es, el castigo de la conducta amerita más allá de la persona o sujeto físico que la ejecuta.

La aplicación del régimen policial de protección de datos personales a aquellos datos necesarios para la ejecución de las sanciones penales, rebaja en mucho, de forma comparativa con el régimen de protección de datos general del resto de ciudadanos(*), las garantías jurídicas de las personas privadas de libertad en cuanto al ejercicio y protección de su derecho fundamental a la intimidad. Sin entrar a discutir esta equiparación jurídica que deriva de la normativa europea y que desde 2016 resulta inevitable, sí que creemos absolutamente necesario establecer criterios claros que eviten que la Administración Penitenciaria acabe confundiendo su misión de ejecución penal sometida al mandato del artículo 25.2 de la CE, con otras actuaciones que le debieran ser ajenas y son propias de la actuación policial(**).

El reciente Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, en lo concerniente a las normas armonizadas adoptadas por una organización europea de normalización, es contrario a los principios de Estado de Derecho y de libre acceso al Derecho (principio de publicidad normativa), por aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 5 de marzo de 2024 (Asunto C-588/21 P. Public.Resource.Org).

Por otra parte, establecer como lenguas oficiales de la UE las lenguas cooficiales nacionales (regionales) colapsaría el régimen lingüístico comunitario.

Solamente se suspende la ejecución de la pena cuando el interno padezca un trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena. Resulta obligada la audiencia del penado, que es sujeto y no objeto del procedimiento, antes de la adopción de la medida, por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

La actora en ninguno de los momentos de concesión de las ayudas constaba legalmente como hija de la víctima, luego en ningún momento podía ser beneficiaria de las ayudas previstas para sus familiares en la legislación tuitiva de las víctimas de terrorismo.

La AN estima que con independencia de que la concesionaria cumpliese con sus obligaciones contractuales de conservación de la vía, esta no ha cumplido con los estándares de seguridad exigibles a la titular de esta.

El activismo político, ideológico, en cualquiera de sus vertientes, no está vedado a las personas con cualquier grado de incapacidad permanente y su mero ejercicio no implica que se revele ningún tipo de capacidad laboral latente en los beneficiarios de una incapacidad permanente.

El procedimiento de comprobación limitada es adecuado para incorporar a la base imponible determinados bienes que no han sido declarados de titularidad del causante en el momento de devengo, esto es, de nacimiento de la obligación tributaria, en registros de carácter fiscal.

No ha quedado acreditada la utilización de la vivienda para uso propio por el autopromotor-vendedor, lo que evidencia el incumplimiento del requisito impuesto por la disposición adicional segunda de la LOE para la exoneración de la obligación de constituir el seguro decenal.

En aplicación de la doctrina sentada por el propio Tribunal en el Acuerdo de 5 de abril de 2022, se permite al licitador regularizar su situación tributaria y en materia de Seguridad Social, procediendo al pago o a la celebración de un acuerdo de fraccionamiento o aplazamiento del mismo o acreditando la suspensión de su eficacia con ocasión de su impugnación, administrativa o judicial.

El convenio pone en marcha los procedimientos necesarios para que el Consejo General del Notariado pueda proporcionar a Red.es los elementos precisos que faciliten a ésta el control de determinados requisitos que los beneficiarios de subvenciones y los agentes participantes del Programa «UNICO Demanda Bono PYME» han de cumplir, en especial, para garantizar la acreditación de requisitos, la lucha contra el fraude y la protección de los intereses de la Hacienda Pública estatal y los intereses financieros de la Unión Europea.

Se modifica la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia para garantizar la ejecución de otras penas de inhabilitación profesional, y añadir la profesión de la persona condenada como un dato de obligada inscripción, en los supuestos de condenas de inhabilitación para profesión u oficio, así como en los supuestos de condenas de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad. Asimismo, modifica puntualmente el Real Decreto 434/2024, de 30 de abril, por el que se aprueba el arancel de derechos de los profesionales de la Procura.

Cada año, en la UE, 700.000 personas pierden la vida debido al consumo de tabaco, de las cuales decenas de miles se deben al humo ajeno.

Superada la pandemia que cercenó la organización de eventos y en muchos casos las propias dinámicas de contacto y relación personal entre el profesional y el cliente, la irrupción de la tecnología ha venido a sustituir esas otrora cotidianas herramientas de visibilidad del despacho. Es hora de volver a situarlos y valorarlos en las estrategias de marketing en el sector legal .

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta un anteproyecto de Ley para proceder a la transposición de la Directiva europea 2011/16/UE, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto, publicado ya en el BOE, que modifica el 502/2022, de 27 de junio, que regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales.

Una vez recabado el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, se procederá a solicitar al Tribunal Constitucional la nulidad de las actuaciones impugnadas, y que se declare la competencia autonómica para la protección de todos los menores en su territorio, estén o no bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de otros servicios estatales.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal de la Comunidad considera, entre otros razonamientos jurídicos, que se da una “patente insuficiencia del informe de impacto económico” de las medidas adoptadas en la Ordenanza municipal

El juzgado nº2 de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta considera irregulares y ha declarado nulas las devoluciones de dos ciudadanos marroquíes que entraron en la ciudad autónoma por mar y fueron realizadas sin procedimiento administrativo, asistencia letrada ni resolución acordando su devolución.

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha denunciado ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en Ginebra, la vulneración del derecho de los niños y adolescentes a ser escuchados en los divorcios y rupturas de pareja en España.

Este libro aborda los desafíos surgidos de la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito público, explorando dicha implementación desde diferentes perspectivas a la luz de las recientes novedades legislativas.