LA LEY mercantil le ofrece el trabajo «La reforma del régimen del sector asegurador: de la LCS a LOSSEAR», un repaso de la evolución de actividad aseguradora en los últimos años, y que evidencia las necesarias modificaciones futuras.

El nuevo curso judicial arranca en septiembre con un escenario incierto pero que permite invitar al optimismo. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, la aprobación reciente de algunas iniciativas como las afectantes a la «Justicia Digital» (RDLey 6/2023) o la apuesta por consensos amplios en materias como el estatuto profesional de abogados y procuradores dibuja un horizonte judicial novedoso y necesitado de comentario.

La interesante y delgada línea que separa la libertad de empresa y el ius variandi del empresario con la modificación sustancial de las condiciones del trabajador ha abierto la puerta a infinidad de análisis de toda la casuística que ofrece esta disyuntiva. El presente caso es una de ellas y analiza cómo la norma convencional habilita ampliamente al empresario a jugar con la prerrogativa que la ley le concede.

El régimen disciplinario militar acoge, como no podía ser de otra forma, la nada infrecuente existencia de las llamadas «situaciones de incompatibilidad» del personal al servicio del conglomerado castrense. No obstante, dicha previsión se enfrenta a una extensa casuística y a sendas encrucijadas legales de cierta complejidad, pero indudable trascendencia práctica, entre las que ha de destacarse la excepción al régimen de incompatibilidades condensada en la administración del patrimonio personal o familiar. La Sala Quinta de nuestro Alto Tribunal ha tenido ocasión de arrojar útiles respuestas al respecto.

El presidente de la comunidad no está facultado para reconvenir en ejercicio de una acción de nulidad contractual por vicio de error en el consentimiento sin autorización expresa de la comunidad que, previo acuerdo de la junta de propietarios que examinó las diferentes ofertas y aceptó una de ellas, consintió la concertación de los contratos cuya anulación se pretende.

Concurrencia de culpas al 50%. La liberación de la responsabilidad del conductor del autobús exige la prueba de que actuó con toda la diligencia. Esa prueba no ha tenido lugar. En cuanto al monitor, debe desarrollar sus funciones de acuerdo con las normas, entre otras, la que le obligaba a estar sentado cuando el vehículo circulaba.

El personal de la residencia no actuó con la diligencia que le era exigible a la hora de adoptar medidas que hubieran impedido la caída y la consecuencia dañosa derivada de la misma, dado que en el informe del servicio de inspección se hace mención a la conveniencia de adoptar medidas limitativas de la libertad de movimientos y a otras, como la de colocar un colchón anexo o alfombras mullidas, pero su viabilidad y conveniencia se rechazó sin ninguna fundamentación técnica o científica.

Si un sindicato no ha obtenido representatividad sindical en las elecciones, no puede pretender formar parte de la comisión negociadora del plan de igualdad, y siendo la pretensión del todo punto inviable, ello justifica la imposición de la multa por temeridad.

El TACRC establece que la exigencia de precontratación anticipada del servicio de transporte en VTC y la prohibición de estacionamiento de los VTC en determinados lugares, como los aeropuertos, no son motivos que puedan invocarse como fundamento objetivo y razonable para restringir la licitación de referencia a los taxis, como tampoco el hecho de que no existan tarifas en los servicios prestados por la actividad de arrendamiento con conductor.

El Tribunal Supremo ha dictado jurisprudencia al respecto, más favorable a los sujetos pasivos, en cuanto a la tributación en el IRPF de sus pensiones de jubilación en el caso de haber cotizado a dicha Mutualidad en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1967 y el 31de diciembre de 1978, y es esa jurisprudencia posterior a la primera reclamación la que abre la posibilidad de solicitar nuevamente la rectificación de las mismas autoliquidaciones del IRPF a las que se refería la primera solicitud.

Para el Tribunal los órganos de contratación del sector público son libres de definir el contenido de los contratos que licitan, en función de sus concretas necesidades y del interés público que subyace en la contratación.

Ante la actual crisis migratoria Canarias aprueba el Protocolo a seguir en las actuaciones de acogida y traslados de menores migrantes no acompañados garantizando el superior interés del menor. Una vez comprobada la documentación individualizada de cada menor y verificado que se corresponde la identidad con la que se entrega, promoverá su inmediato traslado al centro de protección de menores o de acogida donde haya plaza.

El TJUE anula la sentencia del TG y delimita el ámbito de aplicación del artículo 22.1 del Reglamento de control de concentraciones.

Dicha asistencia letrada se prorroga cuando alcanzan la mayoría de edad durante el procedimiento, y deben recibir en un lenguaje sencillo y accesible, que tenga en cuenta las necesidades específicas y vulnerabilidades de los menores, información sobre sus derechos: derecho a tener acceso a un abogado, eventual derecho a recibir asistencia letrada gratuita, derecho a ser informado de la acusación, derecho a interpretación y traducción y derecho a permanecer en silencio.

El tribunal explica en su sentencia que el procesado “no acreditó haber invertido el dinero del préstamo conferido al proyecto descrito”.

Ampliará al 50% la bonificación entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad, y al 100% para donaciones esporádicas entre particulares de menos de 1.000 euros.

Con esta distinción, se reconoce su valiosa contribución a la abogacía y su incansable labor en defensa de los derechos laborales, la igualdad de género y la protección de los derechos fundamentales en España.