La aportación expone una reflexión sobre la tentativa en el delito de colaboración con organización, grupo o elemento terrorista (art. 577.1 del Código Penal). Se trata de uno de los comportamientos más controvertidos a la hora de valorar un riesgo típico en el ámbito de los delitos de terrorismo. Para lograr una correcta reflexión al respecto, se inicia con un repaso sobre la preparación delictiva —variante de anticipación que caracteriza al delito—. Seguidamente, se presenta un examen a la norma para luego brindar una valoración sobre la tentativa en ese delito. Finalmente, se presentan las conclusiones.

El maltrato de obra es una de las causas de desheredación previstas en el CC. El Tribunal Supremo ha fijado jurisprudencia sobre su alcance, especialmente en los casos en los que no existe relación entre el causante y el legitimario o de abandono. Para que esa falta de relación pueda concebirse como un maltrato de obra debe ser imputable al legitimario y haber causado una lesión física o psíquica en el testador con entidad suficiente como para poder reconducirlos a la causa legal de maltrato de obra del art. 853.2º CC.

La Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 625/2024 aborda un caso de agresión sexual en el que se discute la relevancia penal de un beso robado en la mejilla y otro intentado en la boca. Condena a un agente de policía que estando custodiando a una detenida le acosa, insistiéndole con el rechazo de la víctima y al final le da un beso sin consentimiento de la víctima siendo condenado por la vía del abuso sexual del art. 181.1 CP.

El alto tribunal considera que estos actos constituyen un atentado contra la libertad sexual de la víctima, aunque no haya mediado violencia o intimidación grave. La sentencia subraya que cualquier acto que vulnere la libertad sexual de una persona, incluso si se trata de un contacto físico breve y sin consentimiento, puede ser considerado delito de agresión sexual según el Código Penal español.

Aunque la jurisprudencia viene proclamando que el pago de la renta del arrendamiento de una vivienda fuera de plazo y después de presentada la demanda de desahucio no excluye la resolución arrendaticia, y ello, aunque la demanda se funde en el impago de una sola mensualidad, sin embargo, no ha cerrado el paso a que, a los efectos de determinar el incumplimiento de la obligación de pago, no deban ser contempladas las concretas circunstancias del caso. Las concurrentes en el examinado lo convierten en excepcional, y como tal en tributario de un tratamiento diferenciado.

Su aportación es facultativa. El incumplimiento de los requisitos de la oferta motivada previstos en el art. 7 RDLeg. 8/2004 solo tiene como consecuencia el no tenerla por formulada.

El Supremo sienta doctrina diferenciando entre las causas materiales de resolución y el procedimiento de resolución contractual y establece que aunque las causas materiales de resolución que den causa a la incoación se rijan de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos públicos vigentes en el momento de su convocatoria de adjudicación, dicho procedimiento está sujeto a las normas vigentes en el momento en que se incoa.

Se da una interpretación flexibilizadora y humanizadora para no dejar desprotegida a la mujer ante esta fatídica situación que puso fin a la convivencia de forma abrupta.

El domicilio constituye una sede física localizada en un lugar permanente y debidamente identificado por referencia a su situación. Pretender que un vehículo situado en el exterior de la sede física de la sociedad equivale al domicilio social es incompatible con el contenido y las exigencias de la LSC y del RRM, así como con las derivadas de la seguridad jurídica para socios y terceros que el art. 175 de dicha Ley quiere garantizar.

La figura se equipara a la pérdida de arras o señal (indemnización o compensación desde la posición del vendedor) que constituye e una variación en el valor del patrimonio del contribuyente (pérdida patrimonial) no derivada de la transmisión de un elemento patrimonial.

Rechaza el TARCYL la necesidad de disponer de un espacio físico para verificar la calidad de los libros a adquirir, ya que el examen podría realizarse digitalmente.

Este Real Decreto reconoce derechos esenciales como la vigilancia de la salud, medidas de seguridad en el trabajo, y formación gratuita, mientras que introduce herramientas y protocolos para facilitar su implementación sin sobrecargar a las familias empleadoras. También se regulan las condiciones para el Servicio de Ayuda a Domicilio, requiriendo visitas presenciales para evaluar los riesgos laborales. Esta regulación supone un paso adelante en la eliminación de discriminaciones históricas y en el reconocimiento del trabajo doméstico.

Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

Proyecto de Orden por la que se aprueban las Normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas.  Quedan plenamente recogidos los principios y valores relativos a la perspectiva de género y a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Saneamiento y liquidación de entidades de crédito. Transferencia de las obligaciones y responsabilidades de la entidad de crédito objeto de medidas de saneamiento a un “banco puente” antes de la interposición de una demanda judicial dirigida a obtener el pago de un crédito frente a dicha entidad de crédito. Derecho de propiedad. Principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. Protección de los consumidores.

El diseño del entorno de trabajo puede ser clave para controlar el riesgo de lesiones y mejorar el bienestar y la eficiencia de los empleados.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio telefónico de información tributaria básica, de la Agencia Tributaria, por un valor estimado de 52.066.115,70 euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Reglamento de Vehículos Históricos que actualiza una norma que tiene ya tres décadas de antigüedad para adecuarla a las actuales legislaciones europeas y homogeneizar los tratamientos y beneficios que se dispensarán a los vehículos clasificados como históricos en los distintos países.

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 25 millones de euros la integración inicial y demostraciones del nuevo sistema de gestión de tráfico aéreo SkyNex (ciclo 1) en el actual SACTA-iTEC (Sistema Automatizado de Control de Tránsito Aéreo).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha establecido que el plazo de prescripción de un año para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo solo comienza a contar cuando el beneficiario tiene conocimiento pleno de las secuelas y consecuencias del accidente.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Navarra remarca que el organismo competente para tal fin es la Secretaría de Estado de memoria democrática. Un recurrente había planteado esa reclamación respecto al cuartel de la Guardia Civil de Pamplona y la antigua comisaría de la Policía Nacional, ubicada en la actual sede de ls Delegación del Gobierno.

Apuesta también por revisar algunos impuestos vigentes, como el de Sociedad, por deducciones que "agujerean" la recaudación.

Este libro brinda herramientas para revisar la fiscalidad en operaciones inmobiliarias, analizando cada cláusula y sus implicaciones. Destaca la relación entre inmuebles e impuestos, y la necesidad de una visión global.