Se intentará responder el interrogante de si el delito de corrupción en los deportes, previsto en el artículo 286 bis, apartado 4, del Código Penal de España, debe ser sancionado a través del derecho penal. Para ello, se expondrán los casos de corrupción más relevantes, se analizará el origen del delito y su aspecto normativo, como así también se examinarán sus consecuencias jurídicas.

Durante el mes de julio, la compañía automovilística Ford presentó su nuevo modelo SUV Coupé, el Capri. Envuelto en la polémica por la denominación utilizada —histórica en la compañía para un automóvil de características radicalmente distintas—, el verdadero objeto de controversia ha resultado otro: su notable parecido con otro automóvil de la competencia que ya se encuentra en comercialización, el Polestar 2. Conviene, por tanto, analizar si resulta posible la utilización del diseño del Ford Capri, o podría encontrarse con alguna limitación en su comercialización.

No resulta infrecuente que, solicitada la protección internacional por parte de los ciudadanos extranjeros y recurrida en vía administrativa y jurisdiccional la denegación o inadmisión, se susciten importantes dudas acerca de la situación en que quedan dichos solicitantes durante la pendencia de dicha impugnación: ¿permite a los extranjeros dicho lapso temporal incrementar su arraigo laboral a efectos de su regularización por otros medios? ¿gozan, siquiera, del derecho a permanecer en España hasta obtener una resolución definitiva? Nuestro Alto Tribunal ha venido a arrojar importantes respuestas al respecto que solucionan, al menos en parte, las incógnitas que venían suscitándose.

El tipo sancionador aplicado considera infracción muy grave la infracción del principio de transparencia en el tratamiento de los datos, pero este principio admite cierto margen de actuación que permita adecuarlo a las concretas circunstancias concurrentes, sin que a la autoridad de control le está permitido crear una infracción supliendo imprecisiones de la norma, ni extender el alcance de la exigencia a límites que no era previsible suponer en el momento en que se realizaron las conductas.

En este trabajo se presenta un análisis sobre el Consejo Asesor Internacional en Inteligencia Artificial de España, implementado según la Orden TDF/619/2024. Este órgano colegiado asesora al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en la implementación de políticas públicas de Inteligencia Artificial que resulten adecuadas para las normas vigentes y para las que corresponda aprobar en el futuro. Su estructura incluye una presidencia y vocales de reconocida trayectoria en diversos campos de la Inteligencia Artificial. Entre sus funciones destacan la asesoría en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la evaluación del impacto socioeconómico de la Inteligencia Artificial y la supervisión ética de su desarrollo. Operativamente, el Consejo funciona tanto en pleno como en ponencias especializadas, adaptándose así a las necesidades específicas del campo. Además, cuenta con el apoyo logístico del Ministerio para cumplir sus objetivos sin remuneración para sus miembros, excepto por gastos operativos necesarios.

El debate sobre la deducibilidad de las retribuciones de consejeros y administradores en el Impuesto sobre Sociedades ha sido polémico debido a las exigencias formales de la normativa mercantil.

La Administración Tributaria ha cuestionado la deducibilidad basándose en la «teoría del vínculo»; sin embargo, recientes sentencias del Tribunal Supremo adoptan una postura «antiformalista», permitiendo la deducibilidad siempre que las retribuciones sean reales, efectivas y contabilizadas, enfatizando en el análisis, la importancia de la correlación de los citados gastos con los ingresos de la sociedad.

Surge como cuestión adicional la necesidad de analizar la tributación en sede de los administradores cuando la remuneración pueda calificarse como donación.

La acusada incurrió en una imprudencia de carácter grave al infringir la normativa reglamentaria, llevando al animal sin correa y sin bozal y sin prever la posibilidad de que su perro, siendo de cierto tamaño y de una raza de fuerte carácter, pudiera atacar a alguien en la zona urbana y poblada en la que se encontraba. Falta de conciencia acerca de ese factor de riesgo.

Estimación de la acción declarativa de dominio formulada por la esposa. El convenio no fue ratificado judicialmente pero tampoco se dejó sin efecto a instancia de ninguna de las partes en el plazo pactado.

La desestimación presunta de la petición de aplazamiento, por el transcurso de seis meses, no abre el inicio del periodo ejecutivo, ni por ello supone el final del periodo de pago voluntario a los efectos de situar en este el inicio del plazo de prescripción del derecho de la Administración a liquidar.

Poner marcadores durante los periodos vacacionales y señalar así dónde se puede entrar por ausencia del morador es penalmente relevante aunque el acto no integre el núcleo del tipo.

Si bien consta que el INSS le ha concedido el complemento, inicialmente denegado, antes del juicio, lo cierto es que ha sido necesario interponer demanda para que se le reconozca la prestación reclamada, con los consiguientes gastos y perjuicios.

La mera solicitud de una carta de pago no puede ser conceptuado como un acto de reconocimiento de la deuda por el solicitante, porque también se puede reclamar la carta a los solos efectos de obtener información sobre las deudas liquidadas que, según la Administración tributaria, el solicitante tuviera pendiente de pago en el momento de la solicitud.

El TACPM duda de que no existan en el mercado operadores económicos capaces de desempeñar de manera solvente la prestación, añadiendo que este extremo no ha quedado justificado en el expediente de contratación.

Criterios relativos a la imposición sobre las rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, transporte marítimo y aéreo, empresas asociadas, dividendos, intereses, cánones o regalías, ganancias de capital, servicios personales dependientes, remuneraciones en calidad de consejeros y directores, rentas de artistas y deportistas, pensiones, funciones públicas, estudiantes y otras rentas.

En la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, se contempla la contribución de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social a los objetivos de aquella a través del desarrollo de algunas de sus líneas de actuación.

La Ley 4/2024, de 19 de julio, de Integridad Pública de Castilla-La Mancha introduce la declaración responsable de incompatibilidad a presentar por los cargos públicos o asimilados tras su nombramiento y la comunicación de desempeño de actividad privada posterior al cese a que se mantendrá durante los dos años siguientes.

El Reglamento 1215/2012/UE se aplica a las situaciones en las que tanto el viajero como el organizador del viaje al extranjero están domiciliados en el mismo Estado miembro. El destino del viaje en un tercer Estado constituye el elemento de extranjería que permite que tales situaciones se incluyan en su ámbito de aplicación y su art. 18 determina la competencia tanto internacional como territorial del órgano jurisdiccional.

Las obligaciones del letrado no se agotan con la mera remisión automática por correo electrónico del escrito de recurso, sino que debe cerciorarse de que tal escrito ha sido recibido por la procuradora y de que lo ha recepcionado en debida forma.

La defensa de Daniel Sancho ha anunciado que recurrirá la condena a cadena perpetua que la Justicia tailandesa ha impuesto al joven español por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta el verano pasado en la isla de Koh Phangan y ha señalado que lo harán alegando que no actuó con premeditación.

La Unión Europea ha acordado que no reconocerá la legitimidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la falta de avances para que las autoridades electorales presenten actas oficiales que puedan acreditar su victoria, al tiempo que España ha planteado al resto de socios europeos la opción de aplicar sanciones contra el régimen, punto que no obstante no cuenta todavía con la unanimidad necesaria.

El Gobierno de Castilla y León ha expresado este jueves su confianza "al cien por cien" de que el Constitucional estimará el recurso contra la Ley de Amnistía al entender que la misma vulnera hasta un total de catorce artículos o preceptos de la Constitución Española.