Ya es agosto, momento en que muchos profesionales jurídicos toman unas merecidas vacaciones. Durante estas semanas, el Diario La Ley ha preparado ediciones semanales, temáticas, con lo más destacado que ha ido publicándose en la revista en lo que llevamos de año. Si no tuvo tiempo de leer aquello que le interesaba, ahora es el momento. Les recordamos que durante este mes las Newsletters serán semanales, y no diarias como es habitual. Por otra parte, se suspenden los podcast de noticias diarias, que se retomarán en septiembre.

Frente a la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, de 8 de noviembre de 2023, que excluye del pasivo ganancial a liquidar tras un divorcio las facturas de veterinario del animal doméstico (en el caso, unos perros), por ser dicho animal privativo de uno de los cónyuges (según prevé expresamente el art. 1346 CCiv.), el autor de este breve comentario considera que los gastos hechos en el animal sí han de incluirse en el pasivo ganancial, por ser previamente el cuidado del animal carga del matrimonio a sostener con el haber ganancial, al margen de que el animal sea ganancial o privativo (exart. 1362 CCiv.)

Los perros familiares, dada su naturaleza de seres vivos y la falta de prueba del modo de adquisición, se presumen privativos de la esposa.

Las resoluciones impugnadas justificaron la privación de visitas por el solo dato de la situación de prisión en que se halla el padre, sin apoyo en un precepto legal específico o en el contenido de la condena o en una exigencia derivada del sentido de la pena que avale tal restricción.

El alto tribunal estima el recurso y adapta las excusas absolutorias por razón de matrimonio a la realidad social y considera que cualquier delito cometido entre cónyuges, en ausencia de los presupuestos que justifican la aplicación de la excusa absolutoria prevista en el art. 268 CP, puede ser perseguida por la víctima, sin limitaciones y señala que la limitación para ejercer la acción penal contra el cónyuge no rige para las parejas ya disueltas, o en trámite de separación.

La DGRN da la razón a la esposa y revoca la negativa del registrador a inscribir el embargo en reclamación de más de 50.000 euros por impago de cargas matrimoniales.

Los gastos necesarios y útiles hechas en los bienes comunes tras la disolución de la sociedad de gananciales son susceptibles de inclusión en el inventario ganancial, sin que sea necesario acudir a un procedimiento declarativo autónomo o independiente.

Distinguida de las operaciones de computación, atribución e imputación, se estudia la virtualidad teórica y práctica de la figura jurídica de la colación, como obligación de los coherederos forzosos entre sí (exart. 1035 CC). También se analiza de forma teórica y práctica el alcance de la donación con dispensa de colación —que debe ser, necesariamente, traída al activo hereditario—, indicándose su régimen de imputación en los distintos tercios hereditarios, imputación que puede ser fijada por el propio donante causante. Finalmente, se aborda la específica e importante cuestión de la colación e imputación de la donación hecha a un heredero forzoso que después repudia la herencia.

Padeciendo la progenitora un carcinoma gástrico, el hecho de que su hijo cortase toda relación y, pese a conocer su estado, no sólo no la visitase, sino que ni siquiera atendiera sus reiteradas llamadas e intentos de ponerse en contacto, provocó en ella un importante daño psicológico añadido al que su enfermedad terminal le comportaba que resulta incardinable en la causa de desheredación de maltrato de obra que contempla el art. 853.2 CC.

El segundo o doble cómputo hereditario supone que, concurriendo varios legitimarios a la herencia —incluyendo los descendientes de los legitimarios indignos (ex art. 761 CC) o desheredados (ex art. 857 CC), y el cónyuge supérstite—, las liberalidades recibidas inter vivos, por uno o por varios de ellos, deben traerse al caudal hereditario —sin que el causante pueda impedirlo o dispensarlo (ex art. 818 CC)—, para computarlas únicamente entre ellos, quedando excluidos los extraños de este patrimonio sucesorio (ex arts. 1035 y ss. del CC).

Ejercicio de acciones penales del donatario contra el donante por delito perseguible de oficio cometido contra aquél. Inexistencia de causa de revocación. El TS estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que revocó la donación de la mitad indivisa de una finca al apreciar la concurrencia de la causa de revocación por ingratitud prevista en el art. 648.2º del CC.

Por medio del presente artículo se analiza la actualidad del proceso de desahucio, sobre todo, tras las reformas operadas en las que se garantiza una mayor protección a los arrendatarios. Asimismo, se plantea la posibilidad de derivar las controversias arrendaticias a los procesos arbitrales a pesar de las citadas reformas, dadas las dispares opiniones al respecto por diversos autores.

Análisis sobre las recientes restricciones legales de carácter civil en contratos de arrendamiento de uso distinto de vivienda y sobre el contrato de hospedaje como alternativa habitacional dinámica y flexible.

Se analiza el artículo 36.5 de la LAU que, con su nueva redacción, introdujo una limitación legal respecto de las garantías que el arrendador puede exigir al arrendatario para el caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales en el marco de un contrato de arrendamiento de vivienda.

El que sea razonable que la comunidad intente adoptar acuerdos que consigan la accesibilidad universal o que la mejoren sustancialmente no permite que con la excusa de adoptar o no esos acuerdos demore la ejecución de unas obras que son obligatorias y no precisan de adopción de acuerdos previos.

No se aprecian circunstancias excepcionales que eximan a la aerolínea del deber de compensación. Asume el riesgo de eventuales cancelaciones cuando decide operar en una ruta en zona de climatología normalmente adversa.

Ocultación de datos esenciales en el cuestionario de salud que, por las preguntas que se le hicieron, la tomadora podía representarse como objetivamente influyentes para la exacta valoración del riesgo de fallecimiento.

En este trabajo se analiza el fenómeno de la usura cuando se ha producido una cesión de créditos y se determina su alcance. Como veremos, el TS ha aclarado que existe una legitimación pasiva del cedente y del cesionario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su reciente Sentencia de 25 de enero de 2024 se ha pronunciado sobre el dies a quo del plazo de prescripción de la acción de restitución derivada de la declaración de abusividad. En este artículo analizaremos el impacto que ha tenido dicha resolución y el escenario actual en el que ha quedado la determinación del inicio del plazo de prescripción.

El Pleno se acomoda a lo declarado por la STJUE 13. Jul. 2023 y considera que cuando exista una jurisprudencia reiterada y consolidada respecto de la abusividad de una cláusula, la conducta procesal de la entidad demandada es de menor relevancia para poder eximirla de las costas, una vez que no tomó la iniciativa de dirigirse al consumidor para reparar las consecuencias de su conducta abusiva.

Como por todos es conocido, la contratación online, a través de aplicaciones informáticas, constituye, en la actualidad, un fenómeno de masas en constante crecimiento. La importancia de determinar la naturaleza jurídica de tales acuerdos de voluntades se manifiesta en la necesidad de proporcionarles un marco legal adecuado, proteger los derechos y obligaciones de las partes, fomentar la seguridad jurídica y facilitar la resolución de conflictos. Es conocida, la regla interpretativa en la que se asevera que los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son(*) por lo que resulta irrelevante el nomen iuris que se les atribuye. En el presente trabajo se persigue un doble objetivo: de una parte, determinar los rasgos jurídicos fundamentales de los negocios jurídicos que, actualmente, constituyen el núcleo fundamental del comercio electrónico y, de otra parte, asignar un nomen iuris idóneo, precisamente, con la finalidad de evitar confusiones sobre la naturaleza jurídica del contrato y arrojar algo de luz sobre su régimen jurídico. Este último aspecto resulta, a nuestro juicio, relevante, en tanto que el propio TRLGDCU, se sirve de una terminología que, a nuestro juicio, es inadecuada y puede inducir a interpretaciones erróneas.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2024, Nárokuj, C-755/2022 —una cuestión prejudicial checa— nos interpela sobre la evaluación de solvencia en España, previa a una concesión de financiación con consumidores. ¿Cuál es la información que se analiza? ¿Las fuentes de consulta en España son útiles y eficaces con respecto a la de nuestros vecinos europeos? ¿Existen indicadores sobre si existe una cultura de evaluación de la solvencia en las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito españoles? ¿Cuál ha sido la evolución normativa en esta materia? El presente artículo ofrece una visión del presente y el futuro de las reglas del juego aplicables a los procesos de evaluación de solvencia en las entidades supervisadas, así como las consecuencias que ha previsto nuestro legislador en caso de incumplimiento.

El pasado septiembre de 2022, entró en vigor la nueva reforma de la Ley Concursal. Esta reforma supone una verdadera transformación de algunos de los libros de la ley, como es el caso del derecho preconcursal (libro II). Desde la Comisión de Reestructuraciones e Insolvencias de Women in a Legal World hemos querido agrupar las principales lecciones prácticas que nos deja la ley, analizando las principales resoluciones judiciales dictadas durante su primer año de vigencia.

Los Estados pueden considerar legítimamente que los acreedores institucionales públicos no se encuentran, desde el punto de vista del cobro de los créditos en cuestión, en una situación comparable a la de los acreedores del sector comercial o privado.

Circunscrito el orden del día a la propuesta de adopción del acuerdo de disolución por concurrir causa legal, la junta general se encuentra limitada por tal contenido y no puede abordar otras cuestiones ajenas al mismo. La afección de los intereses de los socios que deriva del acuerdo de liquidación, con la aprobación del balance final, del informe sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división del activo resultante, exige que no quede ninguna duda sobre el hecho de que son llamados a pronunciarse al respecto.

Se analiza los motivos, por los que en los supuestos de ejecución de un buyout por un fondo de inversión o sociedad industrial, se abona al vendedor parte del precio en especie mediante entrega de acciones o participaciones sociales

Se analiza la disolución de la sociedades y la responsabilidad que adquieren los administradores sociales de la deudas nacidas después de la disolución

Medidas en el alquiler de vivienda y otras modificaciones en materia civil para 2024 del RDL 8/2023.

El objeto de este artículo es estudiar, a raíz de la STS, Sala de lo Civil, de Pleno número 1683/2023, de 29 de noviembre, la cuestión relativa a la posibilidad de hacer efectivo, por la vía declarativa, el crédito líquido resultante del decreto firme de aprobación de la tasación de costas, en tanto no haya prescrito la correspondiente acción personal para reclamar dicho crédito, en el caso enjuiciado de 15 años (art. 1964 CC), aunque haya transcurrido el plazo de caducidad de 5 años para hacerlo efectivo en el proceso de ejecución a tenor del art. 518 LEC.

En el presente artículo se analizan las equivocaciones más habituales de Abogados y Procuradores que frustran juicios o vistas.

En el presente artículo se analizan las distintas eventualidades que pueden provocar la nulidad de los juicios y vistas o que a las partes no se las tenga por comparecidas en forma.

En este trabajo coral se ofrece una reflexión (teórica y práctica) sobre la prueba reina en dos órdenes jurisdiccionales (antagónicos pero «llamados a entenderse» en este punto): la pericial en el proceso penal y la documental en el proceso civil, con una dual (y común conclusión: de un lado, el imprescindible ensanchamiento procedimental del juicio oral (penal) —frente a tanto vaciamiento legislativo y jurisprudencial como viene soportando desde hace algún tiempo— y la (imperiosa) oportunidad de revertir, también en el juicio oral —audiencia principal o vista— (ahora civil) el principio de valoración tasada de la documental privada (incontrovertida) en favor de su contrario: el principio de libre valoración probatoria.

La reforma operada en 2023, por la que se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil, afectó en algunos extremos a la regulación del recurso de casación. Su asunción por los operadores jurídicos ha supuesto análisis críticos positivos y negativos y, como toda reforma, está exigiendo un esfuerzo de adaptación que lleva en ocasiones a escenarios de incertidumbre. La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado varias resoluciones durante estos meses en las que ha ido fijado criterios sobre su aplicación. Examinaremos estas decisiones sobre los requisitos formales y técnicos del recurso de casación.

Las modificaciones del Código de Comercio, Ley Hipotecaria y Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, efectuadas, respectivamente, por los artículos 35, 36 y 38 de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de digitalización de actuaciones registral, entran en vigor el 9 de mayo de 2024, al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, el Real Decreto 442/2023, de 13 de junio, por el que se introducen determinadas disposiciones en el Reglamento del Registro Mercantil entra en vigor en la misma fecha.

Se ha optado por una nueva regulación completa del arancel, en lugar de llevar a cabo la modificación del hasta ahora vigente aprobado por Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, en atención a que son varios los artículos a modificar, en favor de la seguridad jurídica de la regulación resultante y con el objetivo de contribuir a un mejor conocimiento de la actuación de los profesionales de la Procura por la ciudadanía.

Se analiza la Ley de jurisdicción voluntaria, regulada por la Ley 15/2015, de 2 de julio analizando los aspectos más relevantes de dicha ley y su reforma, la Ley 8/2021 de 2 de junio, poniendo especial énfasis en las modificaciones y procedimientos relacionados con la incapacidad, evaluar su impacto en la mejora de los procesos judiciales y la protección de los derechos de los individuos más vulnerables de la sociedad dando básicamente más preferencia a las medidas voluntarias del justiciable y su entorno que las medidas judiciales tan asépticas que se podían dar en la práctica jurídica.

Aunque su escrito de contestación reproducía de forma extensa la doctrina jurisprudencial aplicable, el resultado final de su esfuerzo, fruto de la selección y tratamiento de los contenidos aplicables, contenía elementos para reclamar una originalidad suficiente y ser digno de protección.

La obra incluye especialidades procesales de la legislación mercantil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, como legitimación, caducidad y competencia. La nueva edición incorpora modificaciones del RD Ley 6/2023 y referencias jurisprudenciales recientes.

Analiza la subordinación contractual y su régimen legal en el contexto de la transposición de la Directiva de Reestructuración Temprana a nuestra Ley Concursal a través de la reforma concursal.

La presente obra aborda el estudio de la usura en los contratos de préstamo y de crédito, así como las consecuencias del sobreendeudamiento derivado de los elevados tipos de interés, en especial, en los denominados préstamos o tarjetas revolving.