LA LEY mercantil le ofrece el trabajo «Grandes debates en el Derecho de Sociedades: la doctrina de la personalidad jurídica y la doctrina de la corporación», en el que se aborda la relación entre estas institución jurídicas y su delimitación.

La STJUE de 11 de julio de 2024 ha vuelto a evidenciar una nueva disconformidad de la regulación española respecto al régimen comunitario del despido colectivo. Para el gran pretor comunitario los ceses de personas empleadas a causa de la jubilación de la persona física, si cumplen los requisitos cuantitativo-temporales previstos en la Directiva 98/59, han de reconducirse por la vía del procedimiento de consulta-negociación colectiva. A partir de esta doctrina se abren notables interrogantes en torno a si la legislación nacional permite o no una interpretación conforme, para lo que no hay acuerdo doctrinal ni judicial. Con todo, incluso si fuese posible, los problemas prácticos que se abren son enormes y generan riesgos tanto de incertidumbre como de inequidad.

La presente investigación se va a centrar en tratar de comprender si el objetivo del sistema penal español es someter a proceso a las corporaciones por cometer delitos y a sus programas de compliance.

Para ello, comienza una recapitulación histórica, normativa, teórica de análisis de la criminalidad vinculada a las personas jurídicas, sus orígenes, sus efectos, las controversias sobre su responsabilidad, el análisis jurídico penal de la teoría del delito, los códigos penales y procesales, jurisprudencia de superior tribunal y derecho comparado con el fin de contestar esa pregunta y comprender si realmente el sistema penal tiene como objetivo final imputar, someter a proceso, enjuiciar, culpar y penar a una persona jurídica o es un efecto colateral que tiene que ejercer ya que el objetivo del legislador es otro.

Arrendamiento rústico. Expiración del contrato por el transcurso del plazo legal mínimo. Principio de libre autonomía de la voluntad: validez del pacto que excluye la prórroga tácita del contrato. Ante la incertidumbre sobre si el sistema de prórrogas establecido en el artículo 12 de la Ley de Arrendamientos Rústicos es imperativo o renunciable por las partes, se inclina el Tribunal Supremo por esta segunda solución, en atención a los propios designios legislativos en las sucesivas reformas de la legislación arrendaticia rústica.

Los responsables de informática de las pequeñas y medianas empresas consideran que los niveles de seguridad con el que cuentan es bajo

La Sala declara que el acceso a la información contenida en equipos o repositorios informáticos de datos, que se encuentren en un domicilio constitucionalmente protegido o sean accesibles desde este, requiere que el auto que autoriza la entrada en tal domicilio, razone de manera específica la justificación del acceso a esa información, con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales del art 18 de la de la Constitución que pudieran resultar eventualmente afectados.

La actora podía legítimamente pensar que había comprado el plato de ducha con mayor capacidad de agarre, cuando de hecho había comprado otro con un agarre menor. Se puede decir en tal caso que el plato de ducha no ofrece la seguridad que el consumidor podía legítimamente esperar, y por este motivo es defectuoso.

Señala el Supremo que en los supuestos en que se regularice en sede de persona física, la ganancia o pérdida patrimonial derivada de este tipo de aportaciones prevalecen las normas específicas de valoración de los artículos 37.1.d) Ley IRPF y 17.4 LIS sobre las reglas especiales de valoración de los artículos 41 LIRPF y 18 LIS referidas a operaciones vinculadas, pudiendo acudirse a la comprobación de valores, empleando los medios de comprobación previstos en el artículo 57.1 LGT,  y ofreciendo la posibilidad, al obligado tributario, de solicitar la tasación pericial contradictoria, conforme a los artículos 134 y 135 LGT.

La sentencia que declara la filiación paterna no matrimonial se convierte en el hecho causante y a partir de esta es conforme debe determinarse la normativa aplicable que, en el caso, es el art. 177 TRLGSS tras la reforma que amplía el descanso a 16 semanas.

Establece asimismo que la Directiva 2010/75 se opone a una normativa nacional en virtud de la cual el plazo concedido al operador de una instalación para cumplir las medidas de protección del medio ambiente y de la salud humana establecidas en el permiso de explotación de dicha instalación ha sido objeto de prórrogas reiteradas, pese a que se han puesto de manifiesto riesgos graves e importantes para la integridad del medio ambiente y de la salud de las personas.

El Reglamento pretende despejar potenciales dudas interpretativas de aplicación del Régimen fiscal especial de Baleares, permitiendo una aplicación lo más eficaz y sencilla posible, y dotando de seguridad a los operadores jurídicos, concretando algunos conceptos ya definidos en la normativa sustantiva autonómica o en la normativa tributaria o contable.

El pasado mes de junio, los europeos fueron llamados a utilizar su voto para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. Se trató de democracia en acción, pero no es la única forma en que los ciudadanos de la UE pueden hacer oír su voz e influir en la creación de leyes de la UE. También existen otras herramientas que se utilizan para dar al público en general la oportunidad de cocrear políticas de la UE todos los días, no solo cada cinco años.

La Comisión ha publicado su quinto informe anual sobre el Estado de Derecho , en el que se hace un seguimiento de los avances más significativos y se hace balance de la situación del Estado de Derecho en todos los países de la UE . El informe muestra que la UE está mucho mejor preparada que hace cinco años para detectar, prevenir y abordar los retos emergentes . Esto significa democracias europeas más resilientes, confianza mutua en la UE, buen funcionamiento del mercado único y un entorno empresarial que fomente la competitividad y el crecimiento sostenible.

El Congreso de los Diputados ha aprobado en una sesión extraordinaria celebrada este 23 de julio la creación de una Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

Tras recibir las alegaciones de las partes sobre la cuestión. La Sala que ha dictado la resolución está integrada por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Leopoldo Puente, que ha actuado como ponente

La Comisión Europea ha abierto expediente este 25 de julio a los 27 Estados miembro por incumplir los objetivos de recogida y reciclaje de residuos establecidos en la actual legislación de la UE, unas metas que son jurídicamente vinculantes en lo que respecta al tratamiento de desechos municipales.