El Diario LA LEY les ofrece hoy la Revista Compliance Penal, dedicada al estudio teórico y práctico del mundo del cumplimiento normativo en su dimensión nacional e internacional.

A partir de la investigación empírica realizada en colaboración con la Oficina Antifrau de Catalunya y de las conclusiones alcanzadas en el informe del Tribunal de cuentas, el artículo expone el estado de los programas de cumplimiento en el sector público empresarial español y propone una serie de especificidades que deberían cumplir. Condicionará este diseño, de un lado, la realidad de estas empresas —entre lo público y lo privado— y, de otro, el ámbito de actividad tan regulado en el que se encuentran.

El presente artículo tiene por objeto analizar las cuestiones que pueden surgir en relación con el tratamiento de los datos personales contenidos en las comunicaciones que se reciban a través del Sistema Interno de Información y su empleo para una finalidad distinta de la que contempla y regula expresamente la normativa de aplicación. Asimismo, se examinan los requisitos necesarios que ha de cumplir cualquier finalidad ulterior distinta por tanto de la finalidad inicial para la que fueron recogidos los datos personales y su adecuación a lo previsto por la normativa en materia de protección de datos personales.

Aunque históricamente el impago de deudas ha venido formando parte del riesgo inherente y propio de las relaciones económicas, nos encontramos ante una progresiva expansión de la criminalización de los delitos de frustración de la ejecución. Una amplia redacción del delito castigado en el art. 257 CP ha favorecido que una gran diversidad de conductas encuentre ahora cabida dentro de la exégesis del apartado primero.

La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento español a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y su posterior revisión mediante Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo es la génesis de un nuevo perfil profesional: el oficial de cumplimiento normativo o Compliance Officer. En la medida en que este podría incurrir en responsabilidad civil si con su actuación ocasionara unos daños debido al incumplimiento o al cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, una opción razonable y prudente sería la contratación por este de un seguro de responsabilidad civil para transferir el riesgo a una compañía de seguros y proteger así su patrimonio personal. El presente trabajo abordará su potencial cobertura a través de una póliza de D&O o de un seguro de responsabilidad civil profesional.

La aprobación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, supuso un cambio de paradigma en la protección de los informantes en el ámbito empresarial. Esta Ley preveía la creación de una Autoridad Independiente de Protección al Informante, cuyo Estatuto ha sido aprobado recientemente, y los aspectos clave del cual van a ser analizados en el presente artículo.

Dos son las principales preocupaciones de la Unión Europea en la actualidad a nivel regulatorio. Por un lado, el impacto de las nuevas tecnologías, que está trayendo consigo la cuarta revolución industrial —liderada por la arquitectura blockchain y la inteligencia artificial— y, por otro, la sostenibilidad y protección del medio ambiente. Esta doble inquietud se está traduciendo en una producción normativa sin precedentes a nivel comunitario, posicionando a la Unión a la vanguardia en ambos sectores.

En el presente trabajo se ofrece un resumen de las principales normas jurídicas, resoluciones judiciales y guías regulatorias publicadas en materia de investigaciones internas durante el año 2023 en España, con una mirada europea e internacional.

Actualización y análisis de sentencias recientes del Tribunal Supremo afectantes a compliance y a responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Este artículo aborda el contenido de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de abril de 2024 (Ponente Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García), y los efectos prácticos que ello puede suponer desde el punto de vista de estrategia procesal de la persona jurídica.

Desde el inicio del presente año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en dos ocasiones sobre el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción de reclamación a favor del prestamista, que nace de la declaración de nulidad de la cláusula que le impone determinados gastos de un préstamo hipotecario. A esas resoluciones del Tribunal de Justicia dictadas en fecha 25 de enero de 2024 y 25 de abril de 2024, se les añade ahora la Sentencia del Tribunal Supremo español de fecha 14 de junio de 2024, en la que acogen los criterios expuestos en la jurisprudencia europea.

El presente trabajo aborda la compleja problemática de las infracciones y delitos en el ámbito urbanístico en España. Tras una introducción que contextualiza el tema, se analiza el marco normativo urbanístico del país. Se detallan los ilícitos administrativos, desde el régimen sancionador hasta el procedimiento y la prescripción de infracciones. Posteriormente, se examinan los ilícitos penales, destacando casos paradigmáticos como el del Algarrobico.

En esta sentencia el Tribunal Supremo desestima el recurso presentado por el condenado por un delito de robo perpetrado en una joyería de Madrid, entiende que la intervención telefónica prueba sobre la que recae el fallo condenatorio, es válida por ser la línea usada por ambos el investigado y su pareja.

Esa cualificación profesional podría haber servido para comprender la información si se hubiera suministrado a la consumidora, pero no para suplir la ausencia de información sobre los riesgos.

No debe confundirse contratación electrónica con firma electrónica en el momento de la contratación. Si bien con la intervención del tercero de confianza puede acreditarse la prestación por el tomador del consentimiento general, suficiente para la perfección del contrato, la ausencia de su firma (manuscrita, electrónica o digital) en el documento impide la eficacia de las cláusulas limitativas como la examinada, relativa a la exclusión de cobertura de la conducción sin permiso, que, por ello, no le será oponible.

Con independencia de la existencia de un acto de reconocimiento de la devolución, el Supremo declara que la iniciación por parte de la AEAT de un procedimiento de comprobación limitada, es plenamente ajustada a derecho y está expresamente contemplada en el art. 115 LIVA, sin que exista norma alguna que impida que la ejecución de la devolución se produzca con posterioridad a la práctica de la liquidación provisional o definitiva.

Como directora de recursos humanos se le presupone un conocimiento especial de la materia, lo que se traduce en la asunción de mayores responsabilidades y en la exigencia de un mayor rigor en su proceder diligente como profesional.

Ese fallo integra una “circunstancia extraordinaria”, a efectos de permitir al transportista exonerarse de la obligación de compensar al pasajero, cuando el fabricante de la aeronave reconoce con posterioridad a la cancelación que el fallo se debió a un vicio oculto de diseño del que adolece la totalidad de las aeronaves del mismo tipo y que afecta a la seguridad del vuelo.