La Comisión Europea tiene en estudio la compatibilidad con el Derecho de la UE de la derogación del artículo 43 bis de la LEC, sobre la cuestión prejudicial europea y otras normas concomitantes.

El artículo 43 bis LEC fue introducido por el Real Decreto Ley 6/2023 y el mismo día de su convalidación por el Congreso de los Diputados el Gobierno, impulsor de la norma, se comprometió a derogarlo, lo que ha ocurrido a través del Real Decreto-ley 4/2024.

Digitalización, nuevos retos y desafíos, Inteligencia Artificial… El sector asegurador no es ajeno a los fenómenos que acontecen en nuestro presente. Por ello, y en un contexto de creciente complejidad social y económica, urge interrogarse sobre cuál es el horizonte de la legislación del seguro y su práctica en los juzgados y tribunales.

El teletrabajo está insoslayable ligado a la sostenibilidad ambiental pudiendo resultar una herramienta valiosa durante emergencias climáticas. Aunque aún no esté formalmente reconocido como una medida de emergencia en el marco legal, su interpretación progresiva podría respaldar su uso como una forma de «fuerza mayor ambiental». Sin embargo, para que sea considerado realmente sostenible, es crucial implementar medidas que minimicen su impacto ambiental, como el uso de energías renovables, prácticas de eficiencia energética y una gestión responsable de residuos. Es necesario evaluar cada situación individualmente para garantizar una reducción efectiva de la huella ambiental.

El Acuerdo, formalizado en 2020, que supuso la definitiva retirada del Reino Unido de la Unión Europea, se erigió como un nuclear capítulo en la historia del continente. Desde la óptica de la política migratoria, se planteó la disyuntiva para los ciudadanos británicos entre la regularización en suelo comunitario o el retorno a su país. Y fue, precisamente, la primera de tales opciones la que conllevó a nivel judicial pronunciadas discusiones en torno a los requisitos exigibles por el propio Acuerdo y la normativa comunitaria. Confusión que parece haberse disipado por nuestros Tribunales Superiores de Justicia.

En España existen ya más de 250 startups y scaleups que aportan nuevos desarrollos y oportunidades de negocio al sector asegurador. En los últimos tres años, la inversión ha crecido en más de 10 millones de euros.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha sido galardonado con dos premios por sus proyectos tecnológicos, en la decimocuarta edición del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, que se ha celebrado este miércoles en Madrid, bajo el lema “Empoderando el futuro: Administraciones más digitales, inteligentes, colaborativas y proactivas”.

Conexión lógica y razonable entre los hechos de violencia denunciados y la presunción de que tal situación concurriera constante el matrimonio y en particular el relativo al momento en que ha de resultar acreditada la violencia de género.

La denuncia constituyó una actuación negligente por poco cuidadosa, que causó un daño a la actora, pues implicó la paralización de los camiones y poner fin sin previo aviso a la relación comercial que existía entre las partes, con conocimiento por la demandada de que era el único cliente de la actora.

La pretensión no se fundamenta en ninguna Ley autonómica o estatal, sino en sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que fueron dictadas en relación con el sistema educativo catalán, con el que no guarda identidad el balear, que sí reconoce el castellano como lengua vehicular.

Aplicación de la atenuante en lugar de la eximente incompleta. Desinhibición sexual con control de impulsos limitado como secuela tras sufrir un accidente de tráfico. La enfermedad es condición necesaria pero no suficiente para establecer una relación causal entre la enfermedad mental y el acto delictivo. Es necesario poner en relación la alteración mental con el acto delictivo concreto. Y han de ser las concretas circunstancias de cada trastorno y su incidencia en la conducta del sujeto las que determinen el grado de afectación en la capacidad de culpabilidad.

Aunque a la fecha del cese, por desistimiento de la empleadora, esta causa extintiva no figuraba entre las susceptibles de generar una situación legal de desempleo y no se alcanzaban en el caso, cotizaciones en los últimos 6 años, por aplicación de la STJUE 24 de Feb., asunto C 389/2020.

Prórroga de rebajas de tipos impositivos en el IVA, pasando el aceite de oliva al tipo súper reducido de manera indefinida, exención de IRPF a perceptores del SMI, libertad de amortización en IRPF y en Sociedades en determinados vehículos y en nuevas infraestructuras de recarga, incremento de la reserva de capitalización y prórroga de los beneficios fiscales en la Palma.

La norma fija las condiciones que deben cumplir las mutuas colaboradoras para justificar el supuesto legal de “insuficiencia financiera” del coeficiente general, su origen en circunstancias estructurales y los requisitos para el acceso al coeficiente especial.

El 28 de junio de 2024 entra en vigor el nuevo paquete de medidas que amplía la duración de buena parte de las adoptadas en 2022 y 2023, para reforzar el Estado de bienestar y la protección de las clases medidas y trabajadoras, y de las empresas.

Ofrecer una mayor flexibilidad horaria en la época estival o condensar la jornada en una modalidad intensiva puede suponer un plus de motivación para la plantilla, que valorará positivamente esta “ayuda extra” a su conciliación.

El artículo 43 bis de la LEC fijaba que cuando un juez plantease una cuestión prejudicial se acordaría "la suspensión de las actuaciones" hasta que la Justicia comunitaria resolviese o hasta que se retirase la cuestión planteada. Expertos coinciden en que el carácter suspensivo de las cuestiones prejudiciales al TJUE es "práctica consolidada".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, firmó el acuerdo por la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral junto con el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez; la presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE, Val Díez Rodrigálvarez; y el responsable de Formación y Prevención de Riesgos Laborales de CEPYME, Miguel Canales

La Sala de lo Civil y Penal señala que corresponde exclusivamente a la entidad bancaria la obligación de comunicar a la TGSS -al menos anualmente, como exige el artículo 17.5 OMTSS- la pervivencia del titular de la cuenta corriente