El paquete de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo consta de la sexta directiva contra el blanqueo de dinero (AML) --adoptada con 513 votos a favor, 25 en contra y 33 abstenciones--, el "libro normativo único" de la UE --adoptado con 479 votos a favor, 61 en contra y 32 abstenciones--, y el reglamento de la Autoridad Antiblanqueo (AMLA, por sus siglas en inglés) --adoptado con 482 votos a favor, 47 en contra y 38 abstenciones--.
La nueva normativa, pendiente de adopción formal por parte del Consejo, hará que los grandes pagos en efectivo superiores a 10.000 euros sean imposibles, dificultará que se pueda mantener el anonimato al comprar o vender criptoactivos e impedirá ocultarse tras múltiples capas de propiedad de empresas.
También brindará acceso a información sobre beneficiarios reales y otorgará más poderes a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para analizar y detectar casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como para suspender transacciones sospechosas.
Las nuevas leyes incluyen medidas mejoradas de diligencia debida y controles de la identidad de los clientes, después de lo cual las entidades obligadas --bancos, administradores de activos y criptoactivos o agentes inmobiliarios y virtuales-- deben informar actividades sospechosas a las UIF y otras autoridades competentes.
Además, a partir de 2029, los clubes de fútbol profesional de primer nivel involucrados en transacciones financieras de alto valor con inversores o patrocinadores, incluidos anunciantes y transferencias de jugadores, también tendrán que verificar las identidades de sus clientes, monitorear las transacciones e informar cualquier transacción sospechosa a las UIF.
La legislación también contiene disposiciones de vigilancia reforzada respecto de las personas ultrarricas, aquellas con un patrimonio total valorado en al menos 50.000.000 euros, excluida su residencia principal.
Para supervisar las normas en materia de lucha contra el blanqueo de dinero, se instalará en Frankfurt la nueva agencia AMLA, que se encargará de supervisar directamente a las entidades financieras de mayor riesgo, intervenir en caso de fallas de supervisión, actuar como centro central para los supervisores y mediar en disputas entre ellos. AMLA también supervisará la implementación de sanciones financieras específicas.