Por José Miguel Barjola.- El Foro de Transformación Digital de la Justicia, la cita anual para hacer balance de la hoja de ruta del Ministerio de Justicia para conseguir una justicia totalmente digital (el conocido como plan de «Justicia 2030»), abordó en Madrid los principales retos de la digitalización de los tribunales españoles, una de los grandes objetivos del Ministerio que lidera Félix Bolaños. En una de las charlas del encuentro (cuya grabación puede consultarse en este enlace), que reunió a conocidas figuras del sector judicial en dos jornadas de ponencias, los responsables de transformación digital de cuatro regiones, Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias, compartieron experiencias de cómo las autonomías están invirtiendo el dinero que han recibido para cumplir con esta tarea.
Por ejemplo, en Cataluña, contó Dora Tellado, su directora general de modernización de la Administración de Justicia, han doblado las partidas presupuestarias en un ambicioso plan para poner al día sus tribunales. «En el año 2021 y 2022 se invirtieron 23 millones anuales en tecnología para digitalización. En el año 2023, gastamos 42 millones y este año y el que viene tenemos presupuestados 58 millones». La apuesta es clara, pues la autonomía ha aumentado su presupuesto en un 76% respecto al último año.
«Hemos creado seis ejes estratégicos. Queremos una justicia conocida, accesible y de proximidad, sostenible, ágil, que tenga en cuenta el talento humano y colaborativa», apuntó Tellado. Para conseguirlo, impulsarán e implementarán, sobre todo,
«plataformas tecnológicas» para ayudar tanto a abogados como a los ciudadanos en su relación con la administración.
Por su parte, en Andalucía, Teresa Ávila, secretaria general de infraestructuras judiciales, modernización digital y regeneración de Andalucía, el gobierno autonómico ha puesto el foco en la renovación del parque judicial andaluz. La autonomía ha puesto en marcha un ambicioso plan para mejorar y modernizar los edificios judiciales y levantar sedes nuevas
«para conseguir una justicia de más calidad», subrayó Ávila. «Las sedes judiciales deben adaptarse al mundo digital», explicó la representante del gobierno andaluz y ello requerirá «un esfuerzo inversor sin precedentes». En concreto, 1.500 millones de euros que se repartirán en los 85 partidos judiciales andaluces. «Todas las capitales de provincia tendrán su ciudad de la justicia. Vamos a construir 42 nuevos edificios judiciales y a rehabilitar 18», anunció la experta.
La financiación para estos proyectos vendrá, entre otras vías, «reduciendo al máximo los alquileres». «Pasaremos de 66 contratos de alquiler a seis, lo que supondrá un ahorro anual de más de 15 millones». La región también se plantea enajenar sedes antiguas y reinvertir las ganancias, además de abordar una estrategia de colaboración con las entidades locales. «Hemos sacado un sistema que hemos llamado "público-pública", para que los ayuntamientos construyan un edificio administrativo, y a cambio por su uso la comunidad le pague un canon durante 30 años para que el ayuntamiento recuperé la inversión y gané un 5% anual».
Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado de Asturias, compartió que en su región ya está disponible, desde hace un mes, un asistente virtual para ayudar a la gestión del expediente judicial electrónico. La autonomía, además, trabaja en una herramienta de ventanilla única para la que se ha inyectado un presupuesto de 420.000 euros, con vistas a atender a ciudadanos y profesionales, que conecte con bases de datos y registre todas las consultas y respuestas en «las bases de datos de la Comunidad».
La jefa del Servicio de Organización y Modernización de la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Mª del Socorro Robador, explicó cómo están llevando a cabo la digitalización de los tribunales en el archipiélago, el territorio con más conflictividad judicial del país. En su intervención, la representante canaria habló de un proyecto piloto para introducir la inteligencia artificial en el procedimiento monitorio que ya están implantando con éxito. «Vimos que entran una cantidad excesiva de documentos y todos muy similares», y esta herramienta, contó Robador, permite «identificar cláusulas abusivas» de forma automática y analizar la documentación que las partes aportan al proceso.
«Por ejemplo, la herramienta permite identificar la empresa, el importe del proceso o el tipo de procedimiento que corresponde al caso», si «un interés es abusivo, si es del 15% y lo normal es del 2%» o «si la documentación aportada al proceso es la correcta». Aunque, por ahora, la herramienta solo funciona en la fase inicial del proceso, el plan de la autonomía es que funcione «en las fases posteriores, como en la ejecución».