I. Introducción.
Pareciera una reforma de 10 pero no lo es: Es una reforma —en efecto— de 10 ejes esenciales para la Justicia penal; pero no es una reforma de 10, entendiendo por tal una que provoque, ¡por fin!, la imprescindible renovación integral de nuestro sistema procesal penal. Asistimos —una vez más y (seguramente) no será el último— a un retoque parcial de la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), con (tan solo: así visto) 10 ejes de reforma, muchos de ellos, además, sin impacto real —sino meramente simbólico (aunque bienintencionado)— en nuestro proceso penal.
Los dos recientes Reales Decreto-ley: (i) el 5/2023, de 28 de junio («por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea»); y (ii) el 6/2023, de 19 de diciembre («por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (LA LEY 9394/2021) en materia, entre otras, de servicio público de Justicia») han enfrentado 10 novedades esenciales de la Justicia penal, siendo una de ellas, la (parca regulación de una) clave esencial (casi existencial): el facilitador judicial, figura estructural del derecho a la tutela judicial efectiva y, en su reverso, del derecho de defensa, al que —sin embargo— el —también reciente— Proyecto de Ley Orgánica 121/000006 de Defensa, aprobado hace escasos días ni tan siquiera ha hecho una mínima referencia.
II. Primer eje esencial de la reforma de la Justicia penal —ofrecimiento de acciones— y una clave asistencial (casi existencial): el Facilitador judicial
El primer eje esencial de la reforma de la Justicia penal es esencialmente terminológico. En este sentido, el ofrecimiento de acciones continúa siendo patrimonio exclusivo de la persona ofendida o perjudicada por el delito; si bien la nueva dicción del texto se refiere expresamente a ambas personas, cuando la regulación anterior tan sólo aludía al «ofendido»: la ausencia de mención expresa a la persona perjudicada por el resultado nocivo del (presunto) delito no la inhabilitaba, a pesar de no ser (en algunos casos) la titular del bien jurídico protegido (por ese concreto delito) para mostrarse parte en la causa —siquiera sea en esta (menos lesiva) condición de perjudicada— tras el oportuno ofrecimiento de acciones; pero resulta muy correcta la (actual) alusión expresa —del nuevo precepto— no sólo a la persona ofendida —víctima— por el delito, sino también a la referida persona perjudicada —generalmente, también la víctima; aunque, en determinados casos, como se sabe, cualquier otra distinta— por el resultado perjudicial (el daño) del delito.
Esta reciente reforma de la Justicia penal —aun siendo parcial— habría sido una extraordinaria ocasión para entrar a desgranar las diferencias entre los distintos (posibles) conceptos de «daño» indemnizable (2) , cuestión que se encuentra al socaire jurisdiccional y precisada —al menos, de una mínima— concreción legislativa. Y es que la proximidad temática del (novedoso) ofrecimiento de acciones no sólo al ofendido, sino también al perjudicado por el delito, habría sido la carta de presentación perfecta para enlazar —a renglón seguido— con esos diversos (y heterogéneos) conceptos de «daño indemnizable» en una regulación —por fin— adaptada no solo a nuestra (vigente) realidad penal; sino también a la (actual) sensibilidad social existente frente a esa criminalidad.
La reforma suple, por fin, el (clásico y todavía, por muchos, preferido) término: Secretario judicial —con lenguaje, ahora, inclusivo— por el de Letrado o Letrada de la Administración de Justicia y rechaza cualquier referencia a expresiones ya tan desfasadas —y destructivas— como «ofendido que tuviese la capacidad legal necesaria» o persona que «tuviera la capacidad judicialmente modificada», del todo incompatibles con la moderna órbita —también con la nueva regulación— de la Discapacidad.
En todo caso, el nuevo artículo 109 de la LECrim. (LA LEY 1/1882), con una sintaxis claramente mejorable, señala que «en el acto de recibirse declaración por el juez la persona ofendida o perjudicada, el letrado o letrada de la Administración de Justicia le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible. Asimismo, le informará de los derechos recogidos en la legislación vigente, pudiendo delegar esta función en el personal especializado en la asistencia a víctimas. Si fuera menor se practicará igual diligencia con su representante legal».
Los menores de edad mantienen, en el proceso penal, ese mismo estatus, una vez se encuentren debidamente asistidos de su representante legal, que velará —ante la probable falta de madurez de estos niños y adolescentes— por su «interés superior».
Sin embargo, la nueva concepción de la Discapacidad —estrenada en España por obra de la Ley 8/2021, de 2 de junio (LA LEY 12480/2021), por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica— impide que se pueda ofrecer a estas personas un tratamiento similar —como venía aconteciendo hasta entonces— al otorgado a los menores de edad, por cuánto: de un lado (i) su madurez (la de las personas con discapacidad, se entiende) está fuera de toda duda: —recuérdese—, en este momento, que (i.1) la mayor parte de causas de discapacidad, por suerte, no precisan apoyos judiciales; de forma complementaria, recuérdese también que (i.2) en los casos en que se precisen esos apoyos, será el Juez, caso por caso («traje a medida») y no la Ley (con inadmisibles generalidades para una discapacidad poliédrica) quién determine cuáles sean, en cada momento, esos apoyos, así como quién, cuando y con qué alcance deba prestarlos; y de otro (ii) las personas con discapacidad gozan de plena capacidad jurídica, razón por la que asistirán al proceso, cuando fueren protagonistas principales del mismo, debidamente apoyadas —pero no representadas— tanto por (ii.1) por quiénes, en su caso, asumieren el rol de defensores judiciales, guardadores o curadores; como por (ii.2) los denominados «facilitadores judiciales», que se mencionan con sencillez en la nueva legislación, sin mayor desarrollo normativo que su compromiso de adaptación y ajustes necesarios para que la persona con discapacidad pueda «entender y ser entendida».
Así, en los procesos en los que participen personas con discapacidad, según indica —ex novo— el precepto 109 de la LECrim. (LA LEY 1/1882), in fine, se realizarán las referidas adaptaciones y los ajustes que sean necesarios. Estas adaptaciones podrán venir referidas a la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno.
Ahora bien, se deberá garantizar, en todo caso, que:
- (i) Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o escritas, se realicen en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil. Si fuera necesario, la comunicación también se hará a la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.
- (ii) Se facilite a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
- (iii) Se permita la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarios para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida.
- (iv) La persona con discapacidad pueda estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.
La referencia a la (imprescindible) figura del facilitador judicial —para los procesos penales en los que se vean comprometidas las personas con discapacidad— debe ser objeto, sin duda alguna, de (entusiasta) acogida; por cuánto al igual que los derechos a la traducción e interpretación (auténticas manifestaciones de los derechos de acción y defensa) vienen a complementar la (en otro caso, deficiente o, incluso, nula) información acerca de todos —y cada uno de— los extremos del proceso —del (i) objeto; de los (ii) sujetos; y del (iii) propio procedimiento— para quiénes carezcan del suficiente dominio de nuestra lengua y nuestro entorno; del mismo modo, para las personas con ciertos tipos o causas de discapacidad, resulta indispensable el apoyo, la asistencia y el abrigo (no solo procesal, sino —incluso— existencial) de un especialista (perfectamente conocedor del lenguaje, del contexto y de la tramitación procedimental), que —como mínimo, con atributos tales como (i) profesionalidad; (ii) imparcialidad; (iii) neutralidad; (iv) fidelidad; (v) confidencialidad— asuma la relevante tarea de facilitar la comprensión de esa persona, en una doble dirección: la de «comprender» y «ser comprendido», durante todo el procedimiento, de principio a fin, máxime cuando —en determinados períodos del mismo— puede incluso plantearse la posibilidad (o por apelar al conocido principio: la oportunidad) de llegar a acuerdos en el marco de la novedosa dimensión de la Justicia como servicio público, que la moderna corriente europea —alineada con la Agenda 2030— procura maximizar: la Justicia colaborativa (3) .
La mera mención —en la LECrim. (LA LEY 1/1882)— a la figura del facilitador tampoco se ve complementada, por otro lado, por una regulación —(algo) más expresiva: en la LEC—, como norma supletoria en todos los órdenes jurisdiccionales —también, lógicamente, en el penal— por cuánto el (ya afamado) artículo 7 bis (también reformado, aunque no en este punto, por el Real Decreto Ley 6/2023 (LA LEY 34493/2023)) de la Ley procesal civil (LA LEY 58/2000) se refiere a este profesional con una (tan descafeinada y asintomática) mención como la de la Ley procesal penal (LA LEY 1/1882) (objeto de este estudio): «Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarios para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida».
Y de este modo, una figura tan esencial para la Justicia (en todos los órdenes jurisdiccionales; de forma especialmente radical e invasiva, por supuesto: en el penal) como el facilitador judicial —garantía irrenunciable de dos ejes vertebrales de cualquier procedimiento justo: (i) entender y (ii) ser entendido— queda en una mera mención (o buenista «declaración de intenciones»), sin mayor abordaje, como mínimo, de cómo y cual deba ser: (i) su instauración (pública o privada) (4) en nuestros Juzgados y Tribunales (5) ; (ii) su estatuto jurídico (con garantía, al menos, de los: principios de objetividad, confidencialidad y fidelidad); (iii) su profesión (con aseguramiento de unas mínimas habilidades, destrezas, técnicas) (6) y (iv) su responsabilidad (con fijación —en un marco de flexibilidad— del/de los concreto/s ajuste/s y sus límites).
Del mismo modo en que la reforma apela a la figura del facilitador judicial, sin mayor desarrollo que su mero enunciado (convirtiendo así, su incorporación al proceso penal en una mera ingenuidad); tampoco aprovecha la ocasión para sentar las bases de un kit procesal penal para la Discapacidad, con el desarrollo de acciones tan relevantes —y por cierto, ya ensayadas en la práctica de algunos Juzgados— como la redacción de las resoluciones —en general; y de las sentencias, muy en particular (por su incidencia directa en los derechos— estrella del ordenamiento jurídico: de acción & defensa) (7) conforme a técnicas tales como, por ejemplo, la «lectura fácil» (8) .
Y es que, siendo la discapacidad un concepto de difícil aprehensión por su naturaleza variable, poliédrica, evolutiva y cambiante; resulta claro que no resultará fácil a ningún/a Legislador/a, por minucioso/a que pueda llegar a ser, incorporar en el texto de una norma procesal, tantas variables de apoyo (procesal) a la Discapacidad (bajo creativas fórmulas cuyo ensayo corresponde, al término, al facilitador judicial), cuantas divergentes causas de (humana) discapacidad existan e, incluso, la fertilidad de la propia existencia humana nos llegue a mostrar; pero —al memos— los casos más llamativos, perturbadores y/o recurrentes, debieran encontrar un (afianzado) asidero legislativo: así, a modo de ejemplo, los trastornos del lenguaje (9) o la fragilidad de los sistemas sensoriales del cerebro, estadísticamente más numerosos en este tiempo (en esencia: la vista y el oído), debieran —al menos— estar regulados en nuestra regulación procesal, no sólo con una referencia general a unos (indefinidos) medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, sino con el apoyo concreto que garantice la comprensión bidireccional de cuánto —en el marco del proceso— ante ellos acontece, puesto que el derecho de acción y en su curiosa ecuación axiomática (10) , el derecho de defensa (cuya LO, en fase de Proyecto, por cierto, nada advierte al respecto), no resisten el primer envite de efectivo ejercicio (sin indefensión) ante la (relativa o absoluta) incomprensión de quiénes (en una u otra cara de la «esa moneda: pretensión (acción)/ reacción (defensa) interaccionan procesalmente en una legítima aspiración al cumplimiento de la máxima de Ulpiano: esa constante y perpetua voluntad de «dar a cada uno su propio derecho».
No se trata ya de humanización (11) o de dignificación (12) de la Justicia (que también), sino de algo mucho más severo: de ejercicio eficaz —y sobre todo, efectivo— de los derechos procesales más elementales —(artículo 24.1 (LA LEY 2500/1978) y 2 de la CE): acción y defensa (con todas sus proyecciones)—: Sin comprensión, no hay acción ni defensa posible. Sin comprensión, por muy garantistas que sean las técnicas procesales legalmente diseñadas para la impartición de la Justicia; por muy sofisticadas que sean las herramientas reguladas para el desarrollo procedimental de nuestros juicios; y por muy cuidadosos —asertivos, empáticos, razonables, comprensivos o incluso, facilitadores— que puedan llegar a ser los profesionales —Jueces, Magistrados, LAJ, Abogados, Procuradores y otros coadyuvantes— comprometidos con el día a día de los juicios afectantes a bienes, derechos y/o intereses de las personas con discapacidad; sin comprensión, como decía: sólo queda indefensión.
III. Segundo eje esencial de la reforma de la Justicia penal: Remisión electrónica de resoluciones judiciales a Registros oficiales
Esta segunda reforma presenta cuatro modificaciones importantes: (i) la remisión de ciertos documentos —desde los Tribunales a los Registros oficiales— por procedimiento exclusivamente electrónico; (ii) la ampliación de documentos que deben transmitirse por vía electrónica no sólo las «notas autorizadas de las sentencias firmes en las que se imponga alguna pena por delito y de los autos en que se declare la rebeldía de los procesados» sino también las de «las sentencias firmes en las que se imponga alguna medida de seguridad por delito»; (iii) la enumeración de cuáles sean estos Registros oficiales en la actualidad —concretamente, el Registro Central de Penados, el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes y el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, establecidos en el Ministerio Justicia—; y al fin (iv) la regulación de una suerte de «silencio positivo»: así, «en los procedimientos de cancelación de la inscripción de antecedentes penales en el Registro Central de Penados iniciados a instancia del interesado, una vez transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada».
IV. Tercer eje esencial de la reforma de la Justicia penal: Actos procesales mediante presencia telemática
La reforma operada por el Real Decreto 6/2023, instaura en este punto, un nuevo Título, concretamente el XIV, bajo el título «De los actos procesales mediante presencia telemática», con la construcción, ex novo, del artículo 258 bis., nominado: Celebración de actos procesales mediante presencia telemática.
La reforma apuesta, en principio, por una norma general: la presencia telemática, que será la preferencia; si bien esta premisa general cuenta con tantas excepciones, que al término podría también afirmarse su contrario: la norma (ante la preferencia judicial o de las partes en este sentido) es la presencia física y la excepción, la intervención virtual.
Así, una vez constituido el órgano judicial en su sede, todos los actos de juicio —vistas, audiencias, comparecencias, declaraciones y, en general, todas las actuaciones procesales—, se realizarán, según el primer apartado del nuevo artículo 258 bis, preferentemente, salvo que el juez o jueza o tribunal, en atención a las circunstancias (indeterminadas en el propio precepto), disponga otra cosa, mediante presencia telemática, siempre que las oficinas judiciales o fiscales tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello. Esta intervención mediante presencia telemática se practicará siempre a través de punto de acceso seguro, de conformidad con la normativa que regule el uso de la tecnología en la Administración de Justicia. La preferencia o prioridad telemática ha sido abiertamente celebrada por quiénes (13) , desde tiempo atrás (14) , vienen destacando las grandes virtudes de la inmediación digital frente a la analógica.
Sin embargo, y a pesar de la regla general de la presencia telemática a través de puntos de acceso seguro, será necesaria la presencia física del acusado en la sede del órgano judicial de enjuiciamiento en los siguientes casos:
- (i) En los juicios por delito grave y juicios de Tribunal de Jurado, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte, las normas de la Unión Europea y demás normativa aplicable a la cooperación con autoridades extranjeras para el desempeño de la función jurisdiccional
- (ii) En los juicios por delito menos grave, cuando la pena exceda de dos años de prisión o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años, el acusado comparecerá físicamente ante la sede del órgano de enjuiciamiento si así lo solicita este o su letrado, o si el órgano judicial lo estima necesario. La decisión deberá adoptarse en auto motivado.
- (iii) En el resto de juicios cuando el acusado comparezca, lo hará físicamente ante la sede del órgano de enjuiciamiento si así lo solicita él o su letrado, o si el órgano judicial lo estima necesario. La decisión deberá adoptarse en auto motivado.
- (iv) En todo caso, en los procesos y juicios, cuando el acusado resida en la misma demarcación del órgano judicial que conozca o deba conocer de la causa, su comparecencia en juicio deberá realizarse de manera física en la sede del órgano judicial o enjuiciamiento, salvo que concurran causas justificadas o de fuerza mayor.
Cuando se disponga la presencia física del investigado o acusado, será también necesaria la presencia física de su defensa letrada. Cuando se permita su declaración telemática, el abogado del investigado o acusado comparecerá junto con este o en la sede del órgano judicial. Cuando el acusado decida no comparecer en la sede del órgano judicial, deberá notificarlo con, al menos, cinco días de antelación.
Como puede constatarse, la (supuesta) preferencia por la intervención telemática de la nueva legislación —que, en verdad, parece un galimatías (15) — queda descartada, por la sola (y exclusiva) voluntad de las partes, en una cascada de situaciones, que acaban por derivar en el horizonte de inmediación presencial de siempre, ante la mera solicitud de las partes, con imposición, eso sí, de un trabajo adicional, tanto a los Abogados, como a los Jueces y Magistrados, consistente en solicitar —para los primeros— y redactar —para los segundos— un nuevo auto —adicional a todos los demás— para motivar (ahora) la conveniencia de la asistencia física —y no virtual— ante esta preferencia suya (del propio órgano judicial, se entiende) o de las partes en ese concreto juicio.
La nueva legislación garantizará especialmente que las declaraciones o interrogatorios de las partes acusadoras, testigos o peritos se realicen de forma telemática en los siguientes supuestos, salvo que el Juez o Tribunal, mediante resolución motivada, en atención a las circunstancias del caso concreto, estime necesaria su presencia física:
- (i) Cuando sean víctimas de violencia de género, de violencia sexual, de trata de seres humanos o cuando sean víctimas menores de edad o con discapacidad. Todas ellas podrán intervenir desde los lugares donde se encuentren recibiendo oficialmente asistencia, atención, asesoramiento o protección, o desde cualquier otro lugar, siempre que dispongan de medios suficientes para asegurar su identidad y las adecuadas condiciones de la intervención.
- (ii) Cuando el testigo o perito comparezca en su condición de Autoridad o funcionario público, realizando entonces su intervención desde un punto de acceso seguro.
Todas estas premisas de intervención telemática serán de aplicación igualmente a las actuaciones que se celebren ante los letrados o letradas de la Administración de Justicia o ante el Ministerio fiscal. En las citaciones se informará de la posibilidad de declarar de forma telemática en las condiciones establecidas en este artículo.
La razón de ser de la preferencia digital en los procesos penales incoados frente a determinados tipos de delitos se fundamenta en la evitación de la proximidad física entre víctima y victimario
La razón de ser de la preferencia digital en los procesos penales incoados frente a determinados tipos de delitos —especialmente deleznables y violentos— se fundamenta en la (razonable) evitación de la proximidad física entre víctima y victimario, íntimamente conectada con la doble victimización provocada por la revitalización, en el proceso, del hecho delictivo, con menores o personas especialmente vulnerables (16) .
Pero esta justificada presencia telemática, aún siendo la novedad más destacable, no debe eclipsar la elocuente disociación entre las partes acusadoras, los testigos y los peritos, operada por el novedoso 258 bis, por cuanto este precepto evidencia —ahora— las grandes diferencias existentes entre estos dos tipos de intervinientes: de un lado (i) las víctimas —con escaso (o nulo) protagonismo histórico en los procesos penales— y de otro (ii) los testigos o peritos (17) ; así, entre tanto los testigos son las personas que, de forma directa o indirecta, han percibido (en primera persona o por referencia) a través de los sentidos, el hecho delictivo y los peritos son los profesionales de la ciencia, técnica, arte u oficio que, por su cualificación, pueden ampliar el conocimiento del objeto y/o de los sujetos del proceso; las víctimas —sin embargo— no ostentan ninguno de estos (desapegados) roles y merecen —sin duda alguna— un tratamiento jurídico diferenciado (18) .
V. Cuarto eje esencial de la reforma de la Justicia penal: La denuncia
La nueva regulación de la denuncia es mucho más exhaustiva que la anterior, puesto que la (pronto derogada) dicción del articulo 265 LECrim. (LA LEY 1/1882), tan solo aludía a que esta podría hacerse «por escrito o de palabra, personalmente o por medio de mandatario con poder especial». De forma mucho más clarificadora, el nuevo apartado segundo de este mismo precepto añade —ahora— que la denuncia contendrá, asimismo, los siguientes puntos:
- (i) La identificación de la persona denunciante.
- (ii) La narración circunstanciada del hecho.
- (iii) En caso de persona jurídica o ente sin personalidad jurídica, deberá identificarse también la persona física que formula la denuncia en su nombre, indicando su relación con la persona jurídica o el ente sin personalidad denunciante.
- (iv) Igualmente, si fueran conocidas, contendrá la identificación de las personas que lo hayan cometido y de quienes lo hayan presenciado o tengan información sobre él.
- (v) También indicará la existencia de cualquier fuente de conocimiento de la que el denunciante tenga noticia, que pueda servir para esclarecer el hecho denunciado.
Asimismo, el nuevo artículo 266 LECrim. (LA LEY 1/1882), sienta las bases —de forma conjunta a la presentación física de siempre— de la presentación digital de esta denuncia, con una serie de requisitos formales considerados mínimos para otorgar validez a cada una de ellas: (i) La denuncia que se haga por escrito deberá estar firmada por el denunciante de forma autógrafa o manuscrita, si es presencial, y si no pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego.; (ii) La denuncia que se haga por vía telemática deberá estar acompañada por firma electrónica conforme a lo establecido en artículo 10 de la Ley 39/015, de 1 de octubre (LA LEY 15010/2015), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 (LA LEY 13356/2014), relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (LA LEY 10272/1999); y (iii) En el caso de las personas jurídicas, se firmará con certificado electrónico cualificado con atributo de representante, o los medios previstos en la regulación de firma digital que permitan identificar la persona jurídica, así como la persona física que formula la denuncia.
VI. Quinto eje esencial de la reforma de la Justicia penal: La requisitoria
Las requisitorias de búsqueda del presunto autor del hecho delictivo —cuando se ignorase el lugar dónde se encuentra—, acordadas judicialmente, se enviarán al nuevo Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), dando las órdenes oportunas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los Cuerpos de Policía Autonómica de aquellas Comunidades Autónomas con competencias en materia de seguridad pública; y, en todo caso, el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia remitirá la información para su publicación en el Tablón Edictal Judicial Único, garantizándose la interoperabilidad entre ambas plataformas. Esas requisitorias originales y los correspondientes justificantes del envío realizado al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia y de la remisión al Tablón Edictal Judicial único se unirán a la causa.
VII. Sexto eje esencial de la reforma de la Justicia penal: Tablón Edictal judicial único
La petición, por el Ministerio fiscal, de sobreseimiento, cuando no se hubiere presentado en la causa querellante particular dispuesto a sostener la acusación, provocará —como es evidente— la ausencia de acusación y con ella, la conclusión del proceso penal: Recuérdese, nemo iudex sine acusatore. De ahí que, en tales casos, el Tribunal pueda acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio fiscal a los interesados en el ejercicio de la acción penal, para que dentro del término prudencial que se les señale comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno. Si no comparecen en ese plazo; entonces, como es lógico, el Tribunal acordará el sobreseimiento solicitado por el Ministerio fiscal.
La reforma se refiere ahora a los supuestos en que el paradero de los interesados en el ejercicio de la acción penal fuese desconocido: en tales casos, se les llamará por edictos que se publicarán en el Tablón Edictal Judicial Único. Transcurrido el término de emplazamiento sin comparecer los interesados, se procederá como acaba de indicarse: el Tribunal acordará el sobreseimiento solicitado por el Ministerio fiscal.
VIII. Séptimo eje esencial de la reforma de la Justicia penal: Juicio oral y restantes actuaciones orales
El desarrollo de las sesiones del juicio oral y resto de actuaciones orales conforme señala el nuevo artículo 743 de la LECrim. (LA LEY 1/1882), se documentarán de acuerdo con lo establecido al respecto en los preceptos —también reformados— 146 y 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), ambos referidos a la documentación de las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido.
La oficina judicial deberá asegurar la correcta incorporación de la grabación al nuevo «expediente judicial electrónico»
La oficina judicial deberá asegurar la correcta incorporación de la grabación al nuevo «expediente judicial electrónico». Ahora bien, si los sistemas no proveen expediente judicial electrónico, será el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, quién deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir a su costa copia o, en su caso, acceso electrónico de las grabaciones originales.
Resulta ciertamente frustrante —casi desolador— que la propia letra de la Ley asuma dos alternativas tan desdichadas como la opción a) —preferente—: digitalización del expediente y opción b) —en su defecto—: versión analógica del «expediente electrónico», a sabiendas —además— no solo de la escasa dotación de medios técnicos de la Justicia, sino —incluso— de la insuficiente formación digital de sus usuarios (19) .
Por lo demás, el resto de la reforma se conforma con un cambio meramente terminológico: y es que siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, estos garantizarán la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido. A tal efecto, el letrado o letrada de la Administración de Justicia hará uso de la firma electrónica u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías.
En el caso de que la Sala cuente con medios tecnológicos, la celebración del acto no requerirá la presencia del letrado o letrada de la Administración de Justicia salvo que se produzca alguna de estas dos excepciones: (i) bien que lo soliciten las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista; o bien (ii) que lo considere necesario el letrado o letrada de la Administración de Justicia atendiendo, ahora, a alguna de estas circunstancias: (ii.1) a la complejidad del asunto; (ii.2) al número y naturaleza de las pruebas a practicar; (ii.3) al número de intervinientes; (ii.4) a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse; o (ii.5) a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen. En estos casos, el letrado o letrada de la Administración de Justicia extenderá acta sucinta en los términos previstos.
IX. Octavo eje esencial de la reforma de la Justicia penal: Recurso de revisión
La última reforma del Real Decreto Ley 6/2023 (LA LEY 34493/2023), afecta al recurso de revisión; concretamente al apartado tercero del artículo 954 LECrim (LA LEY 1/1882), conforme al cual «se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución fue dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y libertades Fundamentales (LA LEY 16/1950) y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión. En este supuesto, la revisión solo podrá ser solicitada por quien, estando legitimado para interponer este recurso, hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal».
Hasta aquí, persiste el contenido anterior; pero la nueva legislación advierte, como novedad, que «en estos supuestos, salvo en aquellos procedimientos en que alguna de las partes esté representada y defendida por el abogado o abogada del Estado, el letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado a la Abogacía General del Estado de la presentación de la demanda de revisión, así como de la decisión sobre su admisión. La Abogacía del Estado podrá intervenir, sin tener la condición de parte, por propia iniciativa o a instancia del órgano judicial, mediante la aportación de información o presentación de observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la ejecución de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El letrado o letrada de la Administración de Justicia notificará igualmente la decisión de la revisión a la Abogacía General del Estado. Del mismo modo, en caso de estimarse la revisión, los letrados o letradas de la Administración de Justicia de los tribunales correspondientes informarán a la Abogacía General del Estado de las principales actuaciones que se lleven a cabo como consecuencia de la revisión».
La doble finalidad de esta introducción, en la nueva normativa de las distintas leyes procesales, de la concesión, a la Abogacía General del Estado, de tener conocimiento y colaborar con los órganos judiciales en los procedimientos de revisión de sentencias que se sigan ante el Tribunal Supremo como consecuencia de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hayan declarado que una resolución judicial ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales; ha sido perfectamente diseñada y razonada por el Legislador (que la expone, además, con toda claridad en la introducción a la norma; y consiste en que (i) por una parte, la Abogacía General del Estado, pueda, en el ejercicio de sus funciones de Agente del Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, informar al Comité de Ministros del Consejo de Europa de las medidas adoptadas en ejecución de las sentencias del citado Tribunal; y, por otra parte (ii) facilitar a los órganos jurisdiccionales su tarea de dar debida consideración a lo que pueda demandar la ejecución de dichas sentencias de condena.
X. Noveno eje esencial de la reforma de la Justicia penal: Casación penal
La reforma de la casación penal operada por un Real Decreto Ley anterior, al que ha sido analizado en los anteriores ejes, concretamente (ahora) el 5/2023 —mucho más liviana que su homóloga, la casación civil (objeto de un giro radical con su nueva rosa de los vientos, orientada al exclusivo «interés casacional» (20) )— tan sólo modifica cuatro artículos de la LECrim. (LA LEY 1/1882), concretamente los 855, 858, 882 y 889, que afectan a los tres puntos siguientes: (i) el contenido (mínimo) del escrito de preparación del recurso; (ii) la tramitación del recurso ante la Sala de lo Penal; y (iii) el régimen de admisión/inadmisión.
Por lo que respecta al primer eje de la reforma —(i) el contenido del escrito de preparación del recurso de casación— la nueva legislación impone un nuevo requisito y lo formula en el apartado segundo del artículo 855 de la siguiente manera: «Cuando se pretenda interponer recurso de casación contra sentencia dictada en apelación por una Audiencia Provincial o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por infracción de ley, el recurrente deberá presentar escrito consignando, en párrafos separados, con la mayor claridad y concisión, la concurrencia de los requisitos exigidos, identificando el precepto o preceptos sustantivos que se consideran infringidos y explicando de modo sucinto las razones que fundan tal infracción».
La imposición de este (exigente pero no tanto) filtro de admisión de la casación penal —unida a otros posteriores— viene a reforzar la naturaleza extraordinaria de la casación en un tiempo en que la saturación de asuntos —en parte provocada por la ampliación del cauce casacional penal operado por la Ley 41/2015 (LA LEY 15162/2015) (21) — puede llegar a distorsionar la verdadera función (unificadora) y finalidad (nomofiláctica) del referido recurso.
En adecuada coherencia con la implementación de un recurso de casación ajustado a los parámetros legalmente definidos —que nos permitan, al fin, apelar a una casación penal austera, sostenible y racional (más que suficiente para cumplir su elemental finalidad nomofiláctica, sin la perversión supuesta por la imposible ideación de una «tercera instancia» (22) )— el artículo 858.II de la LECrim. (LA LEY 1/1882) dispone que «cuando se trate de recurso de casación contra sentencia dictada en apelación por una Audiencia Provincial o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Tribunal denegará, por auto motivado, la preparación cuando se aleguen motivos distintos al previsto en el artículo 849.1, no se identifique un precepto sustantivo supuestamente infringido, no se consigne el breve extracto exigido, o su contenido se aparte del ámbito del artículo 849.1.º». En su lógica consecuencia, el Tribunal a quo podrá tener el control de partida de la casación penal ante su —novedosa— facultad de denegación (por auto) de la preparación de este recurso en los casos recién referidos.
La segunda modificación relevante del recurso de casación penal; concretamente su (ii) tramitación, se limita a eliminar un trámite, contenido en la anterior regulación —y escasamente útil en la práctica (23) — consistente en facilitar 3 días, al recurrente, para alegar lo que, en su caso, tuviese por conveniente sobre la impugnación u oposición presentada contra su recurso; eliminación que se provoca con la más que probable finalidad de aligerar y agilizar el procedimiento casacional.
Finalmente, respecto de la parte de la reforma afectante al (iii) régimen de admisión/inadmisión, el párrafo tercero del 889 LECrim (LA LEY 1/1882), establece, ex novo, que: «La inadmisión a trámite del recurso de casación en el supuesto previsto en el artículo 847.1.a) podrá acordarse por providencia sucintamente motivada siempre que haya unanimidad por carencia de relevancia casacional y la pena privativa de libertad impuesta, o la suma de las penas privativas de libertad impuestas, no sea superior a cinco años, o bien se hayan impuesto cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración».
En consecuencia, la inadmisión del recurso de casación podrá acordarse por providencia (y ya no por auto); providencia que estará, eso sí, sucintamente motivada cuando concurran las tres circunstancias yuxtapuestas siguientes: (i) y esencial: estemos ante una casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra: (i.1) Las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.; o (i.2) Las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; (ii) Esas mismas sentencias no presenten —y así se advierta por unanimidad— relevancia casacional; y (iii) La pena privativa de libertad impuesta, o la suma de las penas privativas de libertad impuestas, no superen los cinco años, o bien el castigo consista en la imposición de cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea (ahora) su cuantía o duración.
La gran novedad de la reforma se residencia, pues, en la respuesta, por providencia (aún sucintamente motivada) cuando concurren —como se ha visto— tres exigentes requisitos; dos de ellos —el (i) y el (iii)— son francos esto es: se dan o no se dan, pero apenas ofrecen margen de interpretación alguna; sin embargo, el (ii) apela a un concepto interpretable: la «relevancia constitucional»; concepto que, a pesar de su (aparente) indeterminación, se incorpora a la legislación —según sus aplicadores (24) — tras una sólida consolidación jurisprudencial de la Sala.
XI. Consideraciones finales
La reforma de la LECrim. (LA LEY 1/1882) operada por los Reales Decreto Ley 5/2023 (LA LEY 17741/2023) y 6/2023 (LA LEY 34493/2023) ha tenido un impacto medio-bajo en la Justicia penal: No cabe duda de que la hoja de ruta incorpora un plan de acción orientado hacia (i) la humanización con: (i.1) la instauración de un kit general de ajustes y apoyos a las personas con discapacidad (pero sin la menor concreción de su principal valedor en sede procedimental: (la figura del facilitador judicial) y (i.2) la referencia expresa a la víctima como sujeto diferenciado respecto de los testigos y peritos (pero también sin mayor reconocimiento que su mención expresa y disociada respecto de estos sujetos desapegados del concreto objeto litigioso penal); (ii) la digitalización: con (ii.1) preferencia (legal) de la inmediación telemática que, en verdad, es objeto de tantas (y tan abiertas) excepciones, que se convierte, tras un considerable galimatías, más que en una regla, en una (impropia) excepción (eso sí, generadora de más burocracia) de la prioritaria (por voluntaria) inmediación presencial; (ii.2) la presentación telemática de denuncias; (ii.3) la publicación el Tablón Edictal Judicial Único de las requisitorias garantizándose —al fin— la interoperabilidad de las plataformas comprometidas en esta búsqueda; (ii.4) la provisión de expedientes judiciales electrónicos —con la (desilusionante) condición de que se cuente en la oficina judicial (de que se trate) con suficientes medios tecnológicos para ello—; (iii) la internacionalización, con concesión, a la Abogacía General del Estado, de la oportunidad de tomar conocimiento y colaborar con los órganos judiciales en los procedimientos de revisión de sentencias que se sigan ante el Tribunal Supremo como consecuencia de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hayan declarado que una resolución judicial ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales; y (iv) la universalización de la casación penal, cuya filosofía —en la estela de la casación instaurada en el resto de órdenes jurisdiccionales— no es la de erigirse en una (imposible) tercera instancia; sino —antes al contrario— la de cumplir (con la máxima agilidad posible y de ahí la reducción de trámites, exhaustiva concreción del contenido e inadmisión por providencia) su finalidad esencialmente unificadora y nomofiláctica.
Estos 10 ejes de la reforma de la Justicia penal con sus cuatro aspiraciones esenciales —(i) humanización (ii) digitalización (iii) internacionalización y (iv) universalización— merecen —sin duda— un elogio (a pesar de integrar, muchas de sus premisas, como se ha visto, «meros enunciados» o «declaraciones de intenciones» que llegan deconstruir en la propia construcción legislativa, hasta sus más modestas expectativas, por la —persistente— adición de tantos límites, excepciones y/o condicionantes como se establecen. Con todo, y aunque la reforma cumpliese —en máximos— sus más ambiciosas expectativas —de humanización, digitalización, internacionalización y universalización— con la puntual implementación de los 10 ejes sintéticamente analizados en este trabajo; ha de reconocerse que la Justicia penal del final del primer cuarto del siglo XXI de un consolidado Estado democrático de Derecho —como el nuestro— merece mucho más que una Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) del siglo XIX, parcheada —esta vez (e insisto: no será la última)— por dos Reales Decretos Ley, cuya máxima potencialidad se hace depender de unas restricciones (materiales, técnicas y humanas) tan severas (en la cotidiana realidad de nuestros Juzgados y Tribunales) que (incluso) la propia norma concluye, en algunos de los preceptos reformados, con la «anticipada advertencia de su (en ciertos casos, imposible) implementación, y la justifica con expresiones tan decepcionantes como: (i) ‘siempre que las oficinas judiciales o fiscales tengan a su disposición los medios técnicos para ello’ (art. 258 bis.1); o (ii) «siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios» (art. 643.2). ¿Significa esto que, en ausencia de tales medios, toda la parte digital de esta reforma (con más de la mitad de sus ejes) es pura fantasía? La Justicia penal, realmente, merece más; incluso, mucho más.
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