📌 “𝐄𝐥 𝐦𝐚𝐩𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨𝐬 𝐲 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐩𝐫𝐨𝐜𝐚𝐬”, por Luis Fernández del Pozo, registrador mercantil. La segunda Directiva UE de herramientas digitales afronta una timorata armonización de la publicidad registral de los grupos de sociedades. La trasposición de la Directiva en Derecho societario español nos obligará a replantearnos la elaboración de un Derecho material de grupos, tarea siempre postergada, y la publicidad de un documento estandarizado y visual que permita el acceso público a la matriz de participaciones en los derechos patrimoniales y políticos de entidades incluidas en el perímetro. A tal efecto, la experiencia de la declaración de titulares reales últimos, obligatoria con el depósito de cuentas, muestra cuán complicado es cumplimentar tal mapa de grupos y su reflejo registral. En particular, resultan evidentes las dificultades de eliminación de los efectos neutralizados por Ley de las participaciones recíprocas y circulares. El artículo examina los problemas prácticos de cómputo de las participaciones efectivas tras el citado ajuste técnico y presenta una crítica general de las líneas estratégicas de una regulación tan compleja como insatisfactoria. 👇 Léelo en #DiarioLALEY https://ow.ly/yjNE50VEnC1
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Socio en Cuatrecasas | Litigación Civil y Mercantil | Disputas societarias y de M&A
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📌 “𝐀𝐧𝐚́𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐨́𝐧 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚”, por Jose Mª Pey González, abogado, miembro de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacia Española por el Consejo Vasco de la Abogacía y letrado del Servicio de Inmigración del Iltre. Ayuntamiento de Barakaldo. Análisis de la nueva propuesta de Reglamento para establecer un sistema común de retorno de nacionales de terceros países en situación irregular, en sustitución de la Directiva 2008/115/CE, presentada por la Unión Europea. Se examina la incidencia y modificaciones sustanciales que introduce en el sistema ya generado por la Directiva de Retorno que derogará el encaje que tiene en el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, así como los puntos esenciales del procedimiento de retorno que establece para los nacionales de terceros países que se hallen en situación irregular en la UE. 👇 Léelo en #DiarioLALEY https://ow.ly/PjKZ50VEnwG
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📌 𝐒𝐓𝐒𝐉 𝐏𝐚𝐢́𝐬 𝐕𝐚𝐬𝐜𝐨 𝟕𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟓: anula la multa impuesta a la concesionaria de un comedor escolar tras detectar restos de material genético de insectos en un menú. Aunque los análisis de las muestras de comida confirman su presencia, no resultan acreditados los posibles efectos nocivos para la salud humana, como exige la infracción prevista en el clausulado del PCAP aplicada por la Administración. 👇 Los detalles en #DiarioLALEY https://ow.ly/kT2V50VEehn
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📌 «𝐔𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 “𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫” 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢́𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬», por Diego Fierro Rodríguez, letrado de la Administración de Justicia. En el presente análisis se examina con profundidad la campaña liderada por destacados miembros del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, en particular el jurista Nicolás González-Cuéllar Serrano, en torno a la propuesta de adoptar una escenografía americana en los juicios y audiencias en España. Esta propuesta no busca un simple cambio visual en la disposición de los actores judiciales, sino que intenta eliminar la percepción de parcialidad y privilegiar la equidad en el proceso judicial. La necesidad de adoptar un sistema de aparente y efectiva imparcialidad es abordada en este trabajo en función de sus posibles repercusiones en la legitimidad del sistema judicial y su impacto en la confianza pública en la Administración de Justicia. 👇 Léelo en #DiarioLALEY https://ow.ly/YyUl50VEcMZ
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📌 “𝐋𝐚 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐚 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐧 𝐨𝐛𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐫 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧. 𝐀 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨́𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐒 𝐝𝐞 𝟒 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, ¿𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧 𝐳𝐚𝐧𝐣𝐚𝐝𝐚?”, por Eduardo Buitrón de Vega Patuel, director legal, Litigation, IP & Life Sciences Eversheds Sutherland Spain. Análisis del artículo 10.2 del Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio por el que se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano, que establece que, «en su caso», la publicidad de medicamentos dirigida a profesionales sanitarios deberá incluir el precio de venta al público y las condiciones de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 👇 Léelo en #DiarioLALEY https://ow.ly/c7Po50VEcby
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📌 “𝐄𝐥 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬”, dirigido por Eugenio Olmedo Peralta, catedrático ac. de Derecho Mercantil Universidad de Málaga y coordinado por María Pastrana Espárraga, profesora ayudante doctora de Derecho Mercantil Universitat de València. Este libro se estructura en tres partes dedicadas, respectivamente, a abordar los problemas de competencia y regulación que suscitan las plataformas y los mercados digitales; a analizar el régimen jurídico aplicable a los datos y su procesamiento mediante el uso de Inteligencia Artificial; y al estudio de ciertas prácticas comerciales desleales desarrolladas en mercados digitales. Junto a director y coordinadora participan en la obra: ◾ Patricia Benavides Velasco, profesora Titular de Derecho Mercantil Universidad de Málaga. ◾ David Carrizo Aguado, profesor contratado doctor de Derecho internacional privado Universidad de León. ◾ Pablo Liñán Aller, responsable del departamento jurídico en ClueTechnologies. ◾ José Manuel Martín Fuster, profesor de Derecho Civil Universidad de Málaga. ◾ Lourdes Moreno Liso, profesora de Derecho Mercantil Universidad de Extremadura. ◾ Irene Sánchez Frías, doctoranda área de Derecho Mercantil Universidad de Málaga. ◾ Enrique Sanjuan y Muñoz Ph.D Muñoz, magistrado especialista mercantil por el CGPJ y profesor de derecho Mercantil Universidad de Málaga. ◾ Andrés Francisco Sotorrío Pérez, jurista Universidad de Málaga. ◾ Jorge Villalobos Portalés, doctorando en Derecho mercantil Universidad de Málaga. ➕ INFO e índice completo https://lnkd.in/dvyf-T9h
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📌 𝐒𝐓𝐉𝐔𝐄 𝐂-𝟏𝟖𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒: reintegración en la masa activa del importe correspondiente al valor de mercado de un vehículo vendido por el deudor tras la apertura del procedimiento de insolvencia. El art. 31.1 Reglamento 2015/848/UE, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que las obligaciones ejecutadas a favor de un deudor sometido a un procedimiento de insolvencia, cuando deberían haberse ejecutado a favor del administrador concursal, comprenden la ejecución de una obligación nacida de un negocio jurídico celebrado por el deudor tras la apertura del procedimiento y al traspaso de la gestión de activos al administrador concursal, siempre que ese negocio sea oponible, con arreglo a la ley del Estado de apertura de dicho procedimiento, a los acreedores que sean parte en este. 👇 Los detalles en #DiarioLALEY https://ow.ly/HVHQ50VEbSP
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📌 “𝐐𝐮𝐞𝐣𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐝𝐞 𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 (𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥)”, por Fernando Lacaba Sánchez, magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y José Francisco Escudero Moratalla, secretario coordinador provincial de Girona. El sistema de quejas sobre el funcionamiento y la buena marcha de los Tribunales de Instancia y Oficina Judicial necesita actualización. Factores orgánicos, tecnológicos y organizativos determinan una regulación que simplifique su tramitación, que aclare las autoridades gubernativas destinatarias de las quejas, y que unifique la regulación que aparece dispersa y fragmentada. Todo ello ayudará a prestar un mejor servicio público en el que las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) insertas dentro de los Servicios Comunes Generales han de ser las dinamizadoras del cambio. 👇 Léelo en #DiarioLALEY https://ow.ly/yHyK50VCLxu
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📌 “𝐋𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝟖 𝐝𝐞 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐨𝐟𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐪𝐮𝐢𝐥𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐞𝐥 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐪𝐮𝐢𝐥𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐮𝐧̃𝐚”, por Gerard Rincón Andreu (abogado en Fernández Advocats y profesor colaborador en Universitat Oberta de Catalunya) y Victor Ruiz Oliach (abogado en M&P Ledesma Abogados). Se analiza la resolución del recurso de inconstitucionalidad núm. 3955/22, relativo a la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. En esta resolución, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad, por extensión, del articulado de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. En particular, destaca la declaración de inconstitucionalidad parcial de la Disposición Adicional 1ª, así como, del art. 10 del texto legal mencionado, pronunciándose la sentencia, además, sobre los efectos y alcance de la nulidad como consecuencia natural de la declaración de inconstitucionalidad. Ahora bien, ¿Cómo debe interpretarse la nulidad?, ¿en qué situaciones persiste la obligación de ofrecimiento de alquiler social? 👇 Léelo en #DiarioLALEY https://ow.ly/4v1H50VCKWW
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📌“𝐈𝐧𝐬𝐨́𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝟓 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞́𝐬 𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐭𝐚𝐫𝐣𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐥𝐯𝐢𝐧𝐠”, por Julio Villarrubia González, abogado en VILLARRUBIA GONZ.ALEZ ABOGADOS y doctor en Derecho Universidad de Valladolid. En este trabajo se aborda la reciente sentencia de 5 de marzo de 2025 del Tribunal Supremo Sala Primera de lo Civil, Sección Pleno, Sentencia 350/2025, Rec.6868/2022 respecto a la prescripción de la acción restitutoria en cuanto a los importes pagados por parte de un consumidor a través de las conocidas como «tarjetas revolving» o tarjetas con interés usurario. Esta sentencia responde definitivamente al recurso planteado por un consumidor frente a la Sentencia no 289/2022 de 5 de julio de la Audiencia Provincial de Palencia Sección Primera, rollo 288/2022, que desestimaba su recurso en lo relativo a su derecho a que se le restituyeran las cantidades que había pagado como motivo de la nulidad ya declarada de su contrato con Wizink Bank S.A de fecha 1 de junio de 2015. La cuestión en sí, ya no solo es el fallo del TS, sino si aplica de forma correcta la jurisprudencia más que actual del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 👇 Léelo en #DiarioLALEY https://ow.ly/KGMV50VCKeV