Antecedentes
La libertad y el pluralismo de los medios de comunicación están consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LA LEY 12415/2007) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950). Sin embargo, informes recientes de la Comisión y del Observatorio del Pluralismo de los Medios han puesto de relieve una serie de preocupaciones en la UE con respecto a cuestiones como la politización de los medios, la transparencia de la propiedad de los medios y la independencia de los reguladores de los medios.
La libertad y el pluralismo de los medios de comunicación son una parte vital de la democracia y de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE. La verdadera democracia no es posible sin medios de comunicación libres que escruten a quienes están en el poder.
Constituyen los medios de comunicación un pilar clave en los controles y equilibrios que sustentan el gobierno democrático. Ello explica que el descenso hacia un gobierno autoritario a menudo comience con el ataque a los medios independientes. En las últimas décadas, varios estados de todo el mundo han tomado este camino, utilizando la coerción y a menudo la violencia para perseguir a los medios de comunicación y a periodistas individuales.
Los periodistas continúan experimentando duras condiciones de trabajo con una creciente presión financiera y política, vigilancia, penas de prisión arbitrarias o violencia por realizar su trabajo. Una parte esencial de la democracia y, sin embargo, según el Observatorio de la UNESCO, 86 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en 2022 y 1.591 han sido asesinados desde 1993, mientras que muchos más fueron arrestados, acosados o amenazados en todo el mundo.
El 16 de septiembre de 2022, la Comisión publicó su propuesta de reglamento por el que se establece un marco común para los servicios de medios en el mercado interior. La propuesta del EMFA establece nuevas normas para proteger el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación en la UE. El Consejo obtuvo un mandato para negociar con el Parlamento Europeo el 21 de junio de 2023, que fue revisado el 22 de noviembre de 2023.
Líneas generales del Reglamento propuesto
Amenaza creciente a la libertad de prensa
El reglamento propuesto responde a las crecientes preocupaciones en la UE sobre la politización de los medios de comunicación y falta de transparencia en la propiedad de los medios y en la asignación de fondos estatales para publicidad a los proveedores de servicios de medios. Busca establecer salvaguardias para combatir la interferencia política en las decisiones editoriales de los proveedores de medios de servicios públicos y privados, proteger a los periodistas y sus fuentes, y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios.
Una nueva junta de servicios de medios
La EMFA se basa en las disposiciones de la directiva de servicios de medios audiovisuales (AVMSD) de 2018 y amplía su alcance para incluir la radio y la prensa. En particular, introduce una junta europea independiente para servicios de medios («la Junta») para reemplazar al grupo de reguladores (ERGA) establecido bajo la AVMSD. La junta estará compuesta por autoridades nacionales de medios y asesorará y apoyará a la Comisión para promover la aplicación coherente de disposiciones clave de la nueva ley EMFA y la AVMSD. en todos los estados miembros, incluso proporcionando opiniones y ayudando a la Comisión a producir directrices.
Elementos del compromiso
El texto de compromiso acordado provisionalmente entre los colegisladores mantiene la ambición y los objetivos de la propuesta de la Comisión, al tiempo que garantiza que la nueva ley sea coherente con la legislación vigente de la UE, respete las competencias nacionales en en este ámbito, y logra el equilibrio adecuado entre la armonización necesaria y el respeto de las diferencias nacionales.
En particular, el acuerdo provisional:
- — aclara la responsabilidad de los estados miembros de garantizar la pluralidad, la independencia y el buen funcionamiento de los proveedores de medios públicos que operan dentro de sus fronteras
- — establece la obligación de los estados miembros de garantizar la protección efectiva de periodistas y proveedores de medios en el ejercicio de su actividad profesional
- — prohíbe a los estados miembros utilizar medidas coercitivas para obtener información sobre fuentes o comunicaciones confidenciales de periodistas excepto en casos específicos
- — amplía el alcance de los requisitos en materia de transparencia, tanto para la transparencia de la propiedad que se propone aplicar a todos los proveedores de servicios de medios como para la transparencia de la publicidad estatal donde la posibilidad de publicidad nacional las exenciones para entidades pequeñas se reducen significativamente
- — proporciona reglas más claras sobre la relación entre los proveedores de plataformas en línea (VLOP) de gran tamaño y los proveedores de servicios de medios que cumplen con los requisitos regulatorios o de autorregulación. regímenes de control editorial y estándares periodísticos en los estados miembros, con el objetivo de garantizar que el contenido proporcionado por los proveedores de servicios de medios sea tratado con especial cuidado
- — permite a los proveedores de servicios multimedia responder en un plazo de 24 horas, o antes en casos de emergencia, si un VLOP decide eliminar su contenido del sitio. motivos de incompatibilidad con sus términos y condiciones
El acuerdo con el Parlamento determina el alcance de la Junta en su función consultiva y refuerza su independencia. También introduce la posibilidad de que la Junta establezca un grupo directivo, así como consultar a los representantes de los medios< /span> sobre temas ajenos al ámbito del sector de los medios audiovisuales.
Por último, los Estados miembros podrán adoptar normas más estrictas o más detalladas que las establecidas en las partes pertinentes del EMFA.
Actuaciones futuras
El presente acuerdo provisional debe ser respaldado por el Consejo y el Parlamento una vez que el texto haya sido ultimado a nivel técnico. Luego será adoptado formalmente por ambas instituciones en la primavera de 2024. Las negociaciones entre los dos colegisladores se iniciaron el 19 de octubre de 2023 y concluyen a nivel político con este acuerdo.