Comenzamos nuevo año. Con el curso ya avanzado. Para los estudiantes de segundo de bachillerato, con la vista puesta ya en la prueba de acceso a la universidad. Para el resto, el segundo trimestre, el más denso de todo el curso. Pero de enero a junio quedan todavía meses.
Un tiempo para recuperar proyectos aparcados. Como el de la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores, paralizado al disolverse el parlamento español con las últimas elecciones generales. En principio, y a pesar de ciertas resistencias de las universidades, una ley tan esperada en el sector no debería tener graves problemas en su tramitación parlamentaria. Ni siquiera en un ambiente político tan crispado y polarizado como el actual.
Otro proyecto que lleva tiempo aparcado. Las 24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente. El documento para el debate se hizo público hace justamente ahora dos años (enero 2022) y ahí sigue. Los sindicatos de enseñanza siguen esperando. Como al estatuto docente, tantas veces prometido desde hace años y frenado en seco (¿quienes lo pararon?) cuando estaba prácticamente listo para aprobación. Si esta legislatura ha de ser la del profesorado, como reclaman las fuerzas sindicales, habrá que acelerar para llegar a final de curso con alguna medida concreta en la mesa de negociación.
Más asuntos pendientes. En el ámbito estatal, un decreto básico para desplegar en su totalidad la Ley de ordenación e integración de la Formación Profesional, que (al parecer) ya está ultimado. Y establecer los requisitos mínimos de los centros, cuyo proyecto de decreto lleva más de un año «congelado». Además, convocatorias con tanto impacto social como la de las becas y ayudas estatales al estudio y la de la EBAU. En el autonómico, cada gobierno pondrá el foco en los asuntos que considere, pues es competencia de cada comunidad autónoma el desarrollo de la normativa básica estatal y la gestión de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados. Es esperable, por tanto, que se marquen diferencias regionales con respecto a la red de centros pública y concertada, el bilingüismo, la concreción (e interpretación) territorial del currículo, la inclusión educativa, las plantillas y salarios del personal docente y no docente y muchos otros asuntos importantes.
«Solo desde el entendimiento y la concordia afrontaremos con esperanza este año 2024»
Y un tiempo para impulsar nuevos proyectos. Dependerá en gran medida de los presupuestos. A la espera de que se llegue (o no) un nuevo modelo de financiación autonómica, ya están abiertos los presupuestos para este año, en la mayoría de los casos aprobados por los respectivos parlamentos y, si eso no ha sido posible, con la prórroga de los anteriores. En las partidas de los presupuestos se definen las políticas educativas. Del presupuesto estatal depende, por ejemplo, el incremento de los umbrales de renta para que las becas lleguen a más estudiantes. Del de cada comunidad autónoma, el volumen de plazas y su distribución por especialidades en las convocatorias de oposiciones a cuerpos de funcionarios docentes o el coste de las matrículas universitarias, por poner solo dos ejemplos.
En los próximos meses van a producirse elecciones de segura trascendencia política y social. Las previstas en dos comunidades autónomas (¿o en tres?) tendrán repercusión directa (en uno u otro sentido) en las aulas de sus respectivos territorios y posiblemente también en el sistema educativo de nuestro país. Las europeas servirán de termómetro para medir hasta dónde llegan los populismos y extremismos y saber qué postura tomar ante desafíos tan importantes como el de las migraciones, asuntos sobre los que familias, profesorado y alumnado recibirán informaciones constantes (¿y desinformaciones contrapuestas?) durante la campaña electoral a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.
Los tiempos convulsos que vivimos, pero en los que todavía se respira cierta tranquilidad en el ámbito educativo, deberían suponer una excelente oportunidad (casi una invitación) para contrastar la agitada actualidad de la calle (muchas veces amplificada por medios y redes) con la serenidad de las aulas, espacios de convivencia, reflexión y respeto. Los responsables políticos de las instituciones y entidades del mundo de la educación y la propia comunidad educativa podrían buscar puntos de encuentro para desarrollar los proyectos pendientes en el ámbito educativo, desplegar medidas eficaces para la mejora de la educación en nuestro país y reforzar una educación en los valores democráticos que definen la identidad europea. Solo desde el entendimiento y la concordia afrontaremos con esperanza este año 2024.