Carlos B Fernández. El acelerado desarrollo tecnológico experimentado desde comienzos de este siglo XXI se vio incrementado con motivo del confinamiento a que obligó la pandemia de Covid-19 a principios de 2020.
La necesidad de recurrir a la tecnología para realizar en aquellos momentos la mayor parte de las tareas de los profesionales del Derecho, desde la presentación de escritos judiciales, a la celebración de vistas o reuniones virtuales, planteó la adquisición de nuevas habilidades.
Muchos de los hábitos adquiridos entonces se han mantenido después, como consecuencia de la generalización del teletrabajo en muchos ámbitos de actividad.
En paralelo, la llegada de nuevos avances o consecuencias de los mismos, que han afectado tanto a la gestión interna de las firmas, como a las necesidades de asesoramiento a sus clientes, desde la automatización o robotización de procesos, a los sistemas biométricos de acceso al trabajo, el control de la edad de los menores para el acceso a internet, blockchain, las Deep fakes o la inteligencia artificial, tanto convencional como generativa, plantean, incesantemente, nuevas exigencias de conocimiento, manejo y capacidad de asesoramiento a los profesionales.
Y ello ha hecho que tanto centros de formación, como colegios profesionales, estén comenzando a revisar sus anteriores planteamientos, tanto académicos, como deontológicos y de acceso al sector. Y aunque ese movimiento se está produciendo principalmente en los Estados Unidos, nuestro país no es ajeno al mismo, como veremos a continuación.
Las universidades revisan sus planes de estudio
Tal como explica Isha Marathe en law.com, a lo largo de los últimos años muchas facultades de Derecho norteamericanas, entre ellas las muy relevantes de Yale, Cornell, Georgetown y Nortwestern, ya han incluido en sus programas docentes nuevas iniciativas para aumentar la formación tecnológica de sus alumnos. Así, Yale presentó su curso “Technology in the Practice of Law”, con un fuerte foco en la ciberseguridad y en tecnologías emergentes.
La ciberseguridad y sus implicaciones jurídicas, como la privacidad, son también objeto de particular atención por otros programas, como los de las facultades de Derecho de la Universidad George Washington, la facultad Gould de la University of Southern California y la de la Nebraska University.
Otras como la Cornell Law School ofrece el programa “The business in Law in Today’s Tech Economy”, enfocada en combinar el análisis de los elementos financieros básicos de un despacho con la profundización en los datos, la automatización, la IA y otras tecnologías.
Más reciente, la facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y su Berkman Klein Center for Internet and Society, anunciaron el lanzamiento de un programa sobre IA y Derecho, centrada en el impacto de la tecnología en el mundo legal.
En nuestro país, destacan en este esfuerzo de especialización las facultades de Deusto, ICADE e IE Law School, todos ellos con planes formativos muy orientados al conocimiento y manejo de la tecnología jurídica.
El acceso a los colegios profesionales
En la mayoría de países la abogacía es una profesión reglada, cuyo ejercicio requiere la previa adscripción a una corporación o colegio que establece las condiciones para el acceso al mismo.
Este acceso se hace depender, en general, de la posesión de un título universitario emitido por una entidad reconocida, en la superación de un curso de acceso, de un período de prácticas y de un examen de conocimientos.
Por lo que se refiere al primer punto, la posesión de un título universitario emitido por un centro formativo reconocido, se ha conocido recientemente una posible novedad, con la propuesta de la Asociación de la Abogacía Americana (ABA), de acreditar como centros con capacidad para impartir formación a los futuros profesionales a las facultades de derecho totalmente en línea. Una propuesta que, según se informa, ha encontrado un fuerte respaldo entre los profesionales.
Esta propuesta, que tiene que ver con los altos costos de la universidad presencial, trataría de adecuar los requisitos exigidos a estas universidades a las posibilidades y necesidades de un elevado número de aspirantes a futuros abogados.
En cuanto al examen de acceso, el reciente informe “Practice-Ready Licensing. Unlocking benefits for employers, candidates, and clients”, elaborado por los profesores norteamericanos Deborah Jones Merritt; Andrea Anne Curcio y Eileen Kaufman denuncia que este tipo de exámenes no evalúan la capacidad de los candidatos para asesorar a clientes, interrogar a testigos o negociar con oponentes. Tampoco exigen a los candidatos que sepan redactar contratos, respondan a solicitudes de presentación de pruebas o desarrollen estrategias para abordar los asuntos de los clientes. Los exámenes ni siquiera exigen que los candidatos demuestren su competencia en la investigación jurídica, una habilidad esencial dado el gran número de normas estadounidenses y extranjeras que afectarán a los clientes de hoy en día.
Es decir, que no evalúa los conocimientos y habilidades que los nuevos abogados necesitan para ejercer de forma competente.
Una competencia que, según el estudio “Building a better Bar”, elaborado por el Institute for the Advancement of the American Legal System y la Universidad de Denver, viene determinada por una serie de 12 pilares interrelacionados:
1. La capacidad de actuar profesionalmente y de acuerdo con las normas de conducta profesional
2. Comprensión de los procesos jurídicos y de las fuentes del Derecho
3. Comprensión de los conceptos básicos de muchas materias
4. Capacidad para interpretar material jurídico.
5. Capacidad para interactuar eficazmente con los clientes.
6. Capacidad para identificar cuestiones jurídicas
7. Capacidad de investigación
8. Capacidad para comunicarse como abogado
9. Capacidad para tener una visión global de los asuntos de los clientes.
10. Capacidad para gestionar responsablemente la carga de trabajo relacionada con el Derecho.
11. Capacidad para hacer frente al estrés de la práctica jurídica.
12. Capacidad de autoaprendizaje
Según este estudio, los exámenes tradicionales apenas valoran estas características, sino que se centran en la evaluación de conocimientos y habilidades que se consideran innecesarios (e incluso perjudiciales) para la práctica contemporánea. Requieren una memorización exhaustiva de las normas jurídicas y valoran las respuestas rápidas por encima de la reflexión y la deliberación.
En función de este análisis se proponen diez recomendaciones para tribunales, facultades de derecho, colegios de abogados, examinadores de abogados y otras partes interesadas en sus esfuerzos por mejorar el nivel de competencia de estos profesionales:
1. Los exámenes escritos no son adecuados para evaluar todos los aspectos
de la competencia mínima. Cuando se utilicen exámenes escritos, deben complementarse con otras formas de evaluación.
2. Los exámenes de opción múltiple deberían utilizarse con moderación, si es que se utilizan.
3. Eliminar las preguntas de redacción de los exámenes escritos y sustituirlas por más pruebas de rendimiento.
4. Si las jurisdicciones mantienen las preguntas de redacción y/o de elección múltiple, éstas deben ser de libro abierto.
5. Cuando se utilicen exámenes escritos, proporcionar más tiempo para todos los componentes.
6. Se debe exigir a los candidatos a la licencia que completen cursos que desarrollen su capacidad para interactuar eficazmente con los clientes.
7. Se debe exigir a los candidatos a la licencia que completen cursos que desarrollen su capacidad de negociación.
8. Debería exigirse a los candidatos a la colegiación la realización de cursos centrados en la responsabilidad del abogado de promover y proteger la calidad de la justicia.
9. Debería exigirse a los candidatos a la colegiación la realización de prácticas clínicas y/o externas estrechamente supervisadas.
10. Un grupo de trabajo permanente formado por educadores jurídicos, jueces, profesionales, estudiantes de derecho y clientes para revisar los 12 pilares básicos y diseñar un sistema de licencias para el ejercicio basado en pruebas que sea válido, fiable y justo para todos los candidatos.
La idea es seguir la propuesta de que "La mejor forma de averiguar si una persona puede realizar una tarea es hacer que la persona intente realizarla". En consecuencia, este estudio muestra que los sistemas de concesión de licencias para el ejercicio basados en la práctica supervisada ofrecen una vía válida, viable y justa para medir los conocimientos y habilidades que los abogados necesitan para servir eficazmente a los clientes en la actualidad.