En particular, los mediadores han planteado modificaciones al sistema de resolución extrajudicial de litigios, al entender que puede haber un "conflicto competencial" al depender la materia de consumo de las comunidades autónomas.
También han reclamado cambios en el articulado que prevé que las resoluciones vinculantes puedan ser recurridas ante la jurisdicción civil, pues en otros artículos se indica que se podrá interponer recurso contencioso-administrativo.
Respecto a la tramitación de resoluciones, los Colegios de Mediadores proponen mejorar el articulado respecto a cumplir las resoluciones vinculantes en un plazo de 30 días hábiles para detallar si se aplican o no intereses de demora.
Asimismo, el Consejo General reclama que debe ocupar una silla en el Consejo Rector de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero al reunir varias características para ello: amplio conocimiento en seguros, autonomía e imparcialidad y el hecho de que el organismo tenga una sección especial de seguros.
La aprobación de la Autoridad decayó en julio por la convocatoria anticipada de elecciones generales. A mediados de diciembre, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa relanzó el proyecto de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, con la publicación del nuevo texto en audiencia pública.
El nuevo anteproyecto ya incluía las modificaciones que ya se aprobaron por la mayoría de diputados en el Congreso el pasado mes de mayo, durante el primer intento de aprobar la creación de este organismo.
La fase de audiencia pública, durante la cual se presentaron estas alegaciones por parte de los mediadores, estuvo abierta hasta el 26 de diciembre. El objetivo del Gobierno es que la institución comience a operar este año.