Carlos B Fernández. 2023 ha sido, sin duda, el año que, hasta ahora, generado más noticias en torno a la inteligencia artificial (IA). Comenzó con la noticia de la llegada de la denominada IA generativa, de la mano del ChatGPT y lo cerró con la noticia del acuerdo de los negociadores europeos sobre el Reglamento de IA. Pero, entre medias, se han producido otras novedades, de las que hemos ido dando cuenta puntual a nuestros lectores. Estos nos han respondido con una fidelidad que les agradecemos muy sinceramente en este repaso de lo más leído durante el pasado año.
Evidentemente, durante ese período se han sucedido muchas más novedades, algunas tan o más relevantes que estas. Pero estas son las que más han interesado a nuestros lectores.
Del ChatGPT al Reglamento de IA
Que la IA ha sido el tema del año, lo demuestra que la noticia más leída en el Diario LA LEY, tanto en su edición ordinaria como en la de Ciberderecho, en este año que acaba de concluir, haya sido la publicación de la edición 2023 del AI Index Report, publicado por la Universidad de Stanford, de California, Estados Unidos. El AI Index Report es uno de los informes de referencia a nivel global sobre el grado de desarrollo de la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones. Se trata de una iniciativa independiente del Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), de la Universidad de Stanford, dirigida por el Comité Directivo del Índice AI (AI Index Steering Committee), un grupo interdisciplinar de expertos del mundo académico y de la industria.
En su edición de este año, publicada en abril, destaca el avance en todos los ámbitos de la investigación en IA, como lo demuestra que el número total de publicaciones sobre IA se ha más que duplicado desde 2010. Los temas específicos de la IA que siguen dominando la investigación incluyen el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático y la visión por ordenador. China sigue liderando el número total de publicaciones sobre IA en revistas, conferencias y repositorios. Estados Unidos sigue a la cabeza en cuanto a citas de conferencias y repositorios de IA, pero esa ventaja se está reduciendo lentamente. Aun así, la mayoría de los grandes modelos lingüísticos y multimodales del mundo (54% en 2022) proceden de instituciones estadounidenses.
Pero, sin duda, el nombre propio de este año ha sido ChatGPT, un chat conversacional basado en la IA generativa que comenzó su desarrollo hace poco años y que en este ha experimentado un crecimiento sin parangón. Diario LA LEY Ciberderecho fue el primer medio especializado en analizar, de la mano de relevantes expertos, sus implicaciones en el ámbito jurídico.
En esta temprana aproximación, ya se destacaba que los posibles usos de Chat GPT son numerosos: puede responder a preguntas, redactar una noticia, realizar un resumen de un documento, puede realizar la traducción del texto, puede reordenar o analizar parte concretas del documento, puede extraer información, etc.
Sin embargo, también se advertía de que "al ser un sistema generalista es muy fácil que cometa errores en preguntas o peticiones específicas de un dominio". Se trata de un inconveniente serio para poder utilizarlo ya que puede generar respuestas que sean plausibles, pero falsas.
No es de extrañar, por ello, que desde casi un primer momento, el Parlamento Europeo plantease someter a los sistemas basados en la IA generartiva, como ChatGPT, Bard o LambdA, a las mismas obligaciones que los sistemas de IA de alto riesgo, otro aspecto del tema que despertó el interés de nuestros lectores cuando dimos cuenta de que el pasado mes de marzo, los coponentes del Parlamento Europeo, Dragos Tudorache y Brando Benifei, compartieron un primer borrador, proponiendo algunas obligaciones para los proveedores de este tipo de modelos de IA y responsabilidades para los diferentes actores económicos implicados.
Esta propuesta, y otras varias planteadas por los parlamentarios europeos, tuvieron acogida en el acuerdo final que, en la noche del pasado 8 de diciembre, alcanzaron los negociadores europeos sobre el Reglamento de inteligencia artificial, una noticia que fue ampliamente seguida en nuestra publicación.
En ella explicamos que, para alcanzar este acuerdo, los negociadores habían tenido que superar diferencias en aspectos tan relevantes como el propio concepto de inteligencia artificial; los sistemas de IA prohibidos; la exclusión de los sistemas de IA para fines de defensa; los requisitos establecidos para los modelos fundacionales que sirven de base a los sistemas de IA generativa; los sistemas de reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos; las medidas de gobernanza a aplicar a los sistemas de alto riesgo y también en el procedimiento sancionador.
Aunque en el momento de cerrarse estas líneas, queda pendiente la redacción precisa de determinados aspectos concretos, además de la traducción a la diversas lenguas de la Unión, para poder conocer el texto final, no cabe ignorar la importancia de un texto que constituye la primera regulación democrática de gran alcance de esta tecnología (sobre la que, no obstante, consideramos pertinente realizar algunas necesarias precisiones, que fueron bien acogidas por nuestros lectores.
Los abogados comienzan a usar ChatGPT en su trabajo ... y algunos se encuentran con problemas al hacerlo
El gran ruido mediático levantado en torno a ChatGPT, sin explicar adecuadamente sus limitaciones, pudo ser el causante de que algunos abogados comenzaran a emplearlo para su trabajo, sin adoptar las precauciones necesarias. Por ello, ya en junio del pasado años supimos, y dimos cuenta, del caso del primer abogado que se vio en problemas por usar ChatGPT para defender un caso y no comprobar la veracidad del contenido ofrecido por la aplicación.
Según relatamos en su momento, este abogado explicó al al juez P. Kevin Castel que no había tenido intención de engañar al tribunal ni a la parte contraria al citar una jurisprudencia propuesta por la aplicación y que resultó ser inexistente, que, sencillamente, nunca antes había utilizado ChatGPT, y que "por lo tanto no era consciente de la posibilidad de que su contenido pudiera ser falso", incluso tras haber pedido al programa que verificara si los casos citados eran reales.
También despertó el interés de nuestros lectores el hecho de que el juez competente en el caso sancionara por mala fe a este letrado con una multa de 5.000 dólares y que, con motivo de este hecho, los jueces norteamericanos hayan empezado a exigir a los abogados que declaren si han utilizado IA generativa para la elaboración de sus escritos procesales.
En concreto, algunos jueces federales exigen que toda parte que utilice una herramienta de IA generativa para realizar investigaciones jurídicas o para redactar documentos para su presentación ante el Tribunal, deberá indicar en el momento de la presentación si utilizó para ello una IA y, en su caso, la herramienta de IA específica que se ha utilizado y la forma en que se utilizó.
España, pionera en establecer una agencia nacional de supervisión de la IA y un sistema de ensayos controlados con la misma
Como era lógico de preveer, los lectores del Diario se sintieron también muy interesados por los avances que nuestro país ha ido introduciendo en el ámbito de la gobernanza de la IA durante el pasado año.
Este interés comenzó a ponerse de manifiesto con motivo de la publicación del Real Decreto 729/2023 (LA LEY 24251/2023), de 22 de agosto, por el que se crea la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y se publica su Estatuto. Se trata de un organismo adscrito al entonces Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (hoy Función Pública y Transformación Digital), a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, creado con la finalidad de la supervisión, el asesoramiento, la concienciación y la formación dirigidas a entidades de derecho público y privado para la adecuada implementación de toda la normativa nacional y europea en torno al adecuado uso y desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, además de la función de inspección, comprobación, sanción y demás que le atribuya la normativa europea que le resulte de aplicación.
Poco antes conocimos la publicación del borrador del Real Decreto regulador del sandbox de inteligencia artificial, un texto que anticipaba la estructura y contenido del Real Decreto 817/2023, de 8 de noviembre (LA LEY 29419/2023), por el que se establece un entorno controlado de pruebas (sandbox), para el ensayo de sistemas de inteligencia artificial, del que también dimos oportuna cuenta.
Recordemos que esta norma pone en marcha el primer entorno controlado de pruebas para comprobar la forma de implementar los requisitos aplicables a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo de la propuesta de Reglamento europeo de inteligencia artificial (IA). Según se explica en el preámbulo de la norma, esta iniciativa, inspirada por la Carta de Derechos Digitales, pretende dar una forma concreta y práctica al compromiso español de «establecer un marco ético y normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos» al avanzar la hoja de ruta establecida por dicha Carta para guiar la transformación digital humanista de España.
Sin salirnos del ámbito de la IA, también resultó del interés de mucho de nuestros lectores el hecho de que, en octubre de 2023, el presidente Biden emite una orden ejecutiva para desarrollar en los EEUU una inteligencia artificial segura y confiable. Esta orden, equiparable en cierta medida a un decreto ley, pretende una variedad de objetivos que van desde el establecimiento de nuevos estándares para la seguridad de la IA; la protección de la privacidad de los estadounidenses; la promoción de la equidad y los derechos civiles y la defensa de los consumidores, los pacientes, los estudiantes y los trabajadores.
Otras noticias destacadas: Medidas de eficiencia digital en la Justicia y plataformas digitales
A lo largo de este año que acabamos de dejar atrás, nuestos lectores prestaron especial atención a dos noticias que difundimos precisamente a comienzos y a finales del mismo. Así en enero, dimos cuenta de la transposición de la obligación de las plataformas digitales de comunicar los ingresos de los usuarios que utilicen sus servicios.
Y, ya en diciembre, de la publicación del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, que introduce medidas de Eficiencia Digital y procesal en la Administración de Justicia. Se trata de una norma particularmente relevante que, pendiente del trámite de su convalidación por las Cortes, introduce medidas para mejorar la eficiencia digital y procesal de la Administración de Justicia. Así, en el primero de estos ámbitos, pretende adaptar «de una vez por todas», la Justicia al entorno digital que ya es habitual en otros ámbitos de la Administración, para lo que introduce medidas como el derecho de los ciudadanos y los profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, al igual que ya sucede en otros ámbitos de la Administración General del Estado; la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática ya no serán una excepción, sino la norma, con el consiguiente ahorro en desplazamientos. Cuestiones como una jura de nacionalidad, una atención a la víctima, un servicio provisto por la atención psicológica o conciliaciones previas, se podrán llevar a cabo por videoconferencia en lugares seguros, acercando la Justicia a la ciudadanía y a todos los territorios, la creación de la Carpeta Justicia y la potenciación del Expediente Judicial Electrónico orientado al dato.
En el ámbito de la eficiencia procesal, para garantizar la agilidad de los procedimientos judiciales ante el aumento de la litigiosidad, introduce medidas en distintos ámbitos jurisdiccionales, como son la generalización de las vistas telemáticas en el ámbito penal; la reducción de cuantías para el juicio verbal y la agilización de los procedimientos de familia y de ejecución de sentencias, en el civilo o la agilización de los procedimientos mediante, entre otras medidas, el traslado del expediente administrativo a los ciudadanos en formato electrónico o o la utilización del pleito testigo, en lo contencioso-administrativo.
Finalmente, nos parece interesante resaltar que, a lo largo de 2023, nuestros lectores han vuelto con frecuencia a noticias que les ofrecimos ya en 2022, pero que, por su alcance, han conservado su interés a través del tiempo.
Destacamos en este sentido las relativas a la estructura y contenido del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo (LA LEY 9076/2022), por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, de mayo de 2022; a la estructura y contenido del Reglamento (UE) 2022/1925 (LA LEY 21630/2022), de Mercados Digitales (Digital Markets Act), de octubre de 2022 ; la noticia sobre la primera sentencia europea sobre algoritmos discriminatorios (¡de febrero de 2020!) y la entrevista que realizamos al Director General de Transformación Digital de la Justicia, Aitor Cubo, en que destacaba que la Justicia está pasando de ser una administración obsoleta a ser tecnológicamente innovadora.