Hacen falta más recursos. La frase parece manida, por ser tantas veces demandada por los profesores, como ignorada por las administraciones, pero es tajante en boca de todos los consultados para este reportaje. El episodio de violencia donde tres profesores salieron heridos por arma blanca, al intervenir en una reyerta entre alumnos, ha puesto el foco del debate en la seguridad de los docentes.
«Sin recursos de nada sirve tanto protocolo», se queja Víctor Derma, profesor de Secundaria. «Las causas de los problemas de convivencia hay que buscarlas en la falta de recursos humanos para atender al alumnado», sentencia Encarnación Pizarro, secretaria de Salud Laboral de FE-CCOO.
Las cifras muestran la punta del iceberg. Así lo reconocen desde el sindicato ANPE, en cuya memoria del curso 2021-2022 recoge un ligero incremento de las actuaciones realizadas por el servicio del Defensor del Profesor (1.994 frente a las 1.960 del curso anterior). Sin embargo, consideran que «muchos se resignan a seguir aguantando la situación por la que están atravesando», ya que piensan que o «no se puede hacer nada», o no quieren «agravar el problema» con denuncias o enfrentamientos con padres o alumnos.
Las faltas de respeto al profesor y los problemas para dar clases
«Como docente he recibido muchos insultos y amenazas», narra Víctor Derma, «y si no me han agredido ha sido por fortuna, porque dos veces casi lo han hecho». Señala que no es una excepción, teme que «cada vez serán más habituales» y lo achaca al «ninguneo a la figura del docente y la falta de recursos». Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama y presidenta de ADIMAD (Asociación de Directores de Madrid), reivindica que haya recursos de apoyo también a los docentes. «A una profesora que acaba de empezar la llamaron hija de puta», narra Rocha, «lo que hacemos los equipos directivos es sentarnos con ellos para apoyarles, pero no somos profesionales».
El informe de ANPE indica que el 78% de sus casos atendidos sufren ansiedad y un 12% depresión. Los principales problemas a los que se enfrentan son la falta de respeto de los alumnos y las dificultades para dar clases (ambas en un 24% de las consultas). Asimismo muestra un incremento de las agresiones a profesores (del 5% a un 6% de los casos) y una estabilización de las amenazas (un 13%) y el ciberbullying (un 12%). «No podemos decir que los niños sean más violentos que antes», comenta Jose Antonio Carmona, Defensor del Profesor en Madrid, «la sociedad ha cambiado y con ella las formas de hacer violencia», indica y resalta que con las redes sociales el ciberacoso puede ser «los 365 días del año y las 24 horas del día».
«Hay veces que los padres se pueden pasar escribiéndote al correo diciendo todo lo que se les cruza por la cabeza», lamenta Rocha, «es difícil de llevar y no hay recursos para que nosotros nos desahoguemos»
«Hay veces que los padres se pueden pasar escribiéndote al correo diciendo todo lo que se les cruza por la cabeza», lamenta Rocha, «es difícil de llevar y no hay recursos para que nosotros nos desahoguemos». Todas las personas que aparecen en el reportaje no advierten un incremento notorio de la violencia en las aulas, «la adolescencia siempre es una etapa complicada», expresa Rocha; y apuntan a que casos como el acaecido en Jerez son excepcionales, no obstante, sí señalan que los centros son un reflejo de lo que sucede en la sociedad.
«Hay la misma violencia que fuera de las escuelas. Si fuera aumenta, en la escuela también», comenta Antonio Ramírez. Con 37 años dedicados a la docencia como jefe de estudios, director y profesor en todos los niveles de enseñanza, Ramírez, que prefiere mantener el anonimato con un nombre ficticio, se muestra muy activo en X (antigua Twitter) con el usuario @EnJarras para criticar los recortes en el sistema educativo. «En estas décadas sí he experimentado ese lento, pero inexorable, aumento de la violencia», afirma, sin embargo, remarca que la vida cotidiana en los centros de enseñanza es pacífica.
Ana Cedillo, presidenta de COPOE (Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España), atribuye a la falta de respeto, «los niños lo ven como un pulso, un reto a la autoridad», y a la baja tolerancia a la frustración, «si se contraria sus deseos, no saben gestionarlo», como algunas de las causas de la violencia contra los profesores. Víctor, por su parte, observa en la crítica y en el desprestigio constante de la figura del profesor, «nos consideran el enemigo público a batir», lo que da pie a los insultos y amenazas de padres y alumnos.
Actualmente hay doce comunidades autónomas que han elaborado planes de convivencia (también llamados en algunos lugares reglamentos de régimen interno) en los que se trabajan medidas para mejorar el clima en el sistema educativo y la participación de los agentes implicados. Todas, sin embargo, sí que cuentan con normativas para que los centros redacten sus propios planes. En algunas regiones la convivencia escolar la llevan a cabo unidades específicas (Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Murcia, Navarra y Comunitat Valenciana), en otras son equipos de trastornos de conducta (Asturias, Castilla y León y Galicia), o unidades de acoso escolar (Comunidad de Madrid), y en otros casos un equipo combinado con el área de inclusión o atención a la diversidad (Andalucía y Castilla-La Mancha).
Aunque la LOMLOE establece la creación de un coordinador de bienestar, solo en Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana existe un coordinador de convivencia en todos los centros. En otras regiones la figura se engloba bajo otros nombres como coordinador de igualdad (Andalucía y Aragón), coordinador de protección (Murcia) o «persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres». Todas estas figuras educativas esconden un detalle: el tiempo de dedicación. Solo Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura y Murcia recogen la posibilidad de disponer de una parte del horario del profesorado para realizar sus funciones. Mientras que solo Canarias establece una retribución económica para el coordinador de convivencia. «El profesor que lleva la convivencia no puede asumir todo», se queja Carmona, «se necesita tiempo, formación y más recursos. Así no es posible».
Cada Comunidad Autónoma regula en sus normativas de convivencia los protocolos a seguir en caso de conductas violentas y las faltas que se aplican a los alumnos. «Hay una tabla donde viene recogida qué falta se le pone al alumno según la situación», expone el Defensor del Profesor de Madrid, «aunque cada caso es diferente». Indica que se crea una comisión de seguimiento y que se valora si se ha pedido perdón o si es reincidente. «Se le puede cambiar de grupo o expulsar, pero es algo que evalúa el centro antes de adoptar medidas», afirma Carmona.
El problema, según denuncia la memoria de ANPE, es cuando «se hace oídos sordos a los problemas» y no se aplica, o se hace parcialmente, lo que recoge dichos planes de convivencia. «Si los niños quedan impunes, incorporarán y repetirán esa conducta», critican, a la par que se desacredita al propio docente. «Es contraproducente que exista una norma y no se cumpla», advierten en la memoria y añaden que hace falta más especialistas en los centros, desde orientadores hasta profesorado técnico de servicio a la comunidad (PTSC), para que trabajen con profesores y padres y modifiquen la conducta del menor.
«Sería necesario revisar el Decreto de Convivencia de la Comunidad de Madrid y darle un enfoque proactivo», expone María del Carmen Morillas, presidenta de FAPA-Giner de los Ríos. Critica que el actual decreto tiene «una línea de actuación punitiva» que no termina de resolver las situaciones conflictivas y comenta que los niños deben de aprender a enfrentarse al conflicto, «el conflicto es parte de la vida», y a tener herramientas que les ayuden a gestionarlo y resolverlo de manera pacífica.
La responsable de Salud laboral de FE-CCOO ve positiva la creación de la figura de coordinación de bienestar en los centros, aunque matiza que si esta figura no viene acompañada de dedicación horaria y de los recursos necesarios, «al final se convierte en una carga para la persona que asume la responsabilidad» y su eficacia se ve limitada. «Es muy importante que, además de crear planes, luego se desarrollen con calidad», subraya Pizarro. Por eso reclama que el profesorado participe en el diseño y desarrollo de estos planes y que los protocolos implementen «medidas basadas en la agilidad, con la menor burocracia posible,» para que los equipos directivos y docentes no se vean atrapados «en procesos largos» que resten efectividad a las intervenciones.
Bajada de ratios y más profesionales
María Luz González, responsable de acción sindical de STEs, ve en la ratios muy altas en los colegios, en las muchas horas lectivas, en la falta de motivación del alumnado o en la falta de flexibilidad en la respuesta educativa a los estudiantes el desencadenante de las actitudes violentas. «Muchas veces los alumnos no se sienten comprendidos ni escuchados y ven el centro educativo más como una cárcel que como un centro donde desarrollar sus capacidades», añade. Cedillo comenta que hace falta más orientadores escolares para que detecten y deriven cuando haya un problema y alude a que «la UNESCO recomienda un orientador por cada 250 alumnos, pero en España se triplica esa cifra».
La principal demanda del sector es que haya menos alumnos por clase para poder abordar mejor las necesidades de los estudiantes. «Que tengas un número que puedas atender con calidad para que, si observas el mínimo indicio, atenderlo antes de que se materialice en un problema», defiende Pizarro, quien señala que faltan docentes y otros perfiles claves como orientadores o PTSC. El Defensor del Profesor en Madrid no ve apropiado que, independientemente del número de alumnos en un instituto, solo haya un orientador. «Es inasumible llevar todo el tema de convivencia o integración de la diversidad con tan pocos recursos», enfatiza Carmona.
Ramírez critica que los recortes en Educación en 2012 empeoraron la situación y que, lejos de mejorar, a día de hoy los recortes apenas se han revertido. «Antes había aulas con 22 alumnos y centros con dos orientadores para 600 estudiantes y profesores de apoyo», ejemplifica y lamenta que de ahí se pasó a la masificación en las clases y a recortar el número de orientadores. «No se ha vuelto a la situación anterior en ninguna Comunidad y en otras, como Madrid, se ha empeorado», comenta Ramírez y sentencia que «el principal remedio reside en las ratios, ya que con 22 alumnos hay menos casos de acoso y si los hay, es más fácil detectarlos».
El Defensor del Profesor de Madrid pone en valor la figura de los agentes tutores de la policía, quienes acuden a las escuelas para hablar de acoso escolar o el ciberbullyng. «Los alumnos no son conscientes de que amenazar a un profesor es un delito», indica Carmona, por ello reclama más implicación de estos agentes en talleres de sensibilización en los centros.
El psicólogo educativo y la salud mental
«Deberia haber más relación entre el centro escolar y las unidades salud mental», afirma Carmona y pide un refuerzo de los servicios de salud mental infanto-juvenil
«Necesitamos un reforzamiento de los servicios públicos de manera global», resume Pizarro, aludiendo a que es tan importante contar con docentes en los colegios para detectar conductas violentas como unidades de atención sanitaria de salud mental que se puedan tratar con rapidez. «Deberia haber más relación entre el centro escolar y las unidades salud mental», afirma Carmona y pide un refuerzo de los servicios de salud mental infanto-juvenil.
Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos consideran que las situaciones violentas suelen ser el desencadenante propiciado por momentos vitales complicados y que acaban en problemas de salud mental. «Solicitar una consulta de salud mental lleva meses de espera», critica Morillas, por ello proponen la implantación de la figura del psicólogo educativo en todos los centros. Cedillos replica que las funciones del psicólogo escolar ya están recogidas en las del orientador y se muestra tajante en contra de ello. «Cualquiera que conozca un centro educativo sabe que la psicoterapia no se puede hacer en el sitio, debe de hacerse en los centros de salud mental. En los centros escolares hacemos educación», remarca.
La autoridad del docente y el papel de la sociedad
«El profesor se encuentra totalmente solo», comenta Víctor, «con suerte puede contar con el apoyo de algún sindicato o de colegas afines que te den su apoyo y comprensión ante momentos duros y difíciles de afrontar». A su juicio sería necesario fomentar la figura de autoridad del docente y que se deje de tomar al profesorado «como cabeza de turco» por parte de la Administración, culpándole de todo.
La presidenta de FAPA apuesta por el respeto mutuo y recíproco en la comunidad educativa para conseguir un clima de convivencia positivo, no obstante, advierte que «es importante no confundir autoridad académica con poder represivo», ya que Morillas considera que «es justo lo contrario a la convivencia». María Luz González, del sindicato STEs, lo ve igual. «La protección no deriva de una ley de autoridad, se ha visto que no resuelve el problema», señala.
Ramírez coincide en que los docentes «son vapuleados de manera sistemática» en los medios de comunicación y en la sociedad. «Al día siguiente de que en prime time un personaje influyente haya difundido que somos unos vagos, que no nos importan los niños, que ignoramos deliberadamente el acoso, etc, vete tú a tener autoridad sobre unos adolescentes que llegan ya con el prejuicio de que sus maestros y profesores somos sus enemigos», arguye. Una impresión que comparte Rocha, quien observa que siempre se cuestiona el trabajo del profesorado. «Necesitamos que la sociedad nos apoye en nuestra labor y no se nos ponga en entredicho, a veces sin consultarnos», concluye la directora.