Las tecnologías de inteligencia artificial (IA), en particular en su versión IA generativa, cuyo máximo exponente son ChatGPT y similares de otras empresas, está conmocionando el mundo del Derecho. Y ello tanto tanto por sus implicaciones prácticas, en el trabajo cotidiano de los juristas, como por la necesidad de una regulación que haga frente a los riesgos que, en particular para los derechos de las personas, plantea su uso.
De las numerosas sesiones dedicadas al análisis de estas implicaciones, una de las más recientes ha sido la que, bajo el título "El uso de la inteligencia artificial en la práctica jurídica" organizó la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento – DENAE, en la sede del Consejo General de la Abogacia Española, en Madrid.
En ella Silvia García Ausín, Asociada Senior – Protección de Datos y Derecho Digital en Deloitte Legal; Diolimar García González, Corporate Legal Director de Prosegur, Paul Handal, Socio de Legal Technology de ECIJA TECH y Carlos Fernández Hernández, Redactor Jefe y Responsable de Contenidos del Diario La Ley Ciberderecho, tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones, diversas pero complementarias, sobre este tema tan de actualidad.
Firmas y asesorías jurídicas ya están incorporando la IA a su trabajo
Los ponentes pusieron de manifiesto, desde el principio, que estamos viviendo unos momentos de intensa y rápida innovación, que no se va a detener y que obliga a las organizaciones y a sus asesores jurídicos, internos o externos, a un importante esfuerzo de acercamiento y comprensión.
En este proceso, tanto las asesorías jurídicas internas, como las firmas profesionales, están comenzando a utilizar la IA, especialmente la generativa, en su trabajo.
Los abogados in house, por su parte, están impulsando muchas iniciativas al respecto para mejorar su forma de trabajar. Por ejemplo, para intentar predecir el riesgo de litigiosidad en su actividad o para la analítica de contratos, orientada a asegurar que la empresa cumpla con sus obligaciones.
En el caso de las firmas jurídicas, las más punteras ya están utilizándola para el análisis legal de grandes cantidades de datos para ayudar a la toma de decisiones, la redacción de textos legales, la revisión de contratos, la búsqueda de información o la práctica de due diligence.
Los panelistas coincidieron en que está aumentando la demanda de asesoramiento sobre estas cuestiones, ya que muchas empresas están planteándose utilizar IA, sobre todo en su modalidad de IA generativa, porque ninguna quiere ser la última en hacerlo frente a sus competidores en un momento de fuerte hype al respecto.
Por ello, su acercamiento se produce desde un cierto desconocimiento de las capacidades reales de esta tecnología que exige de los profesionales explicar que, para su implantación deben tener en cuenta, además de la disponibilidad de abundantes datos de calidad, una implicación transversal de todas las áreas implicadas (tecnológicas, jurídicas y de negocio).
Y es que la implantación de esta tecnología a un nivel operacional, ya sea para servicio interno o para dar un servicio hacia el exterior, se trata de una tarea que no puede depender en exclusiva de las áreas técnicas, sino que requiere la colaboración de todas las áreas de la empresa, incluida naturalmente, la jurídica, pues hay que considerar las implicaciones relativas a la confidencialidad de la información, la protección de datos y la de otros derechos fundamentales. Todo ello desde un planteamiento ético que, a la espera de la futura regulación, debe respetarse.
A la hora de implantar esta tecnología es conveniente tener en cuenta que no siempre lo que se puede hacer es lo que se debe hacer. Para asegurar este planteamiento ético son numerosas las organizaciones que han creado órganos internos de gobierno, para supervisar todo el ciclo de vida de estos proyectos.
De todo ello se deduce que la importancia del rol de los abogados y asesores jurídicos en esta revolución tecnológica que avanza a pasos agigantados no se va a ver amenazada sino, por el contrario, puesta más de relieve.
La tecnología, en general y la IA en particular, no sustituirá a los profesionales de la abogacía, sino que será una potente ayuda en muchas tareas, facilitándoles su trabajo. Y el área jurídica tendrá una tarea fundamental para valorar los riesgos concurrentes en cada caso y la forma de afrontarlos, para eliminarlos o reducirlos, a partir de un análisis preciso de cada proyecto.
La nueva responsabilidad de los abogados frente a la tecnología
Pero aprovechar debidamente esta tecnología va a requerir tanto de una formación continua por parte de los juristas, como de su capacidad de iniciativa y creatividad. Saber formular buenas preguntas, por medio de buenos prompts y saber juzgar el output obtenido es lo que nos hace a los humanos diferentes.
Se trata de un planteamiento basado en las exigencias de competencia tecnológica de los profesionales de la abogacía procedente del ordenamiento norteamericano, que no se han trasladado plenamente a Europa.
La realidad, sin embargo, evidencia que la respuesta obtenida de un sistema va a ser tan inteligente como la pregunta que se le plantee y los datos de los que disponga para hacerlo.
Pero siempre teniendo en cuenta que los resultados suministrados por el sistema deben ser supervisados por un experto humano.
El futuro Reglamento de IA y el papel de la AESIA
Todas estas reflexiones se desarrollan en un ámbito en el que el futuro Reglamento de IA, actualmente en fase de trílogos en la Unión Europea, va a jugar un papel fundamental.
El futuro Reglamento de IA será el eje fundamental a tener en cuenta, pero habrá que ir paso a paso en su implantación.
Esta norma plantea un enfoque de la regulación basada en el riesgo que puede plantear la utilización de los sistemas inteligentes, y que determina la clasificación de los mismos en cuatro niveles: sistemas que plantean un riesgo inasumible y que por tanto deben estar prohibidos; sistemas que plantean un alto riesgo y que, por ello, están sometidos a condiciones estrictas de utilización; sistemas de riesgo medio, para los que se plantean medidas específicas destinadas a facilitar la comprensión de los usuarios de la naturaleza del sistema con el que se relacionan y, por último, sistemas que no plantean riesgos, para los que no se establecen obligaciones específicas.
Este marco obligacional va vinculado a un sistema sancionador de su incumplimiento, que puede dar lugar a sanciones muy elevadas, que debe ser muy tenido en cuenta por diseñadore, comercializadores y usuarios de estos sistemas.
En este marco se considera muy relevante el papel a jugar tanto por la futura agencia europea de IA que prevé el Reglamento, como el de las agencias nacionales que prevé la misma norma.
En esta caso, España se encuentra en una posición más favorable que la del resto de Estados Miembros, pues ya ha creado la Agencia Española de Supervisión de la IA (SEDIA) y, además, tiene muy avanzada la elaboración de un Reglamento de un sandbox regulatorio, o entorno de pruebas controlado, donde los desarrolladores de sistemas considerados de alto riesgo pueden evaluar su adecuación a la normativa, como paso previo a su comercialización o puesta en servicio por medio de la certificación que permita esa puesta en servicio.
Las empresas deberán mantener un diálogo cercano y fluido con esta agencia, que va a ser fundamental para el desarrollo del marco nacional de la IA, por medio de las guías de buenas prácticas que vaya elaborando, además de su posible actividad sancionadora.