El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado al Ayuntamiento de Valencia a pagar una indemnización de 57.636 euros a una pareja que tuvo que abandonar su vivienda por los ruidos procedentes del bar bajo su edificio.
El matrimonio sufrió durante años los ruidos excesivos y continuos. “La contaminación acústica supone una violación del derecho al disfrute del domicilio y una vulneración de derechos constitucionales”, afirma Vicente Martínez Verduch, abogado defensor de la pareja, quien cuenta que este hecho obligó a la pareja a mudarse y “malvender su vivienda”.
“La conclusión de la sentencia es categórica, a la Administración se le exige eficacia, no solo actividad”, agrega el letrado. Aunque el Ayuntamiento tramitó las denuncias presentadas y dictó órdenes de clausura y constan varias intervenciones de la policía local, el fallo considera que “su actuación resultó ineficaz para proteger el derecho al descanso e intimidad en el hogar”.
“No se solucionó el problema del ciudadano que solicitaba el amparo de la Administración para poner fin a un grave problema que sufría a diario”, apunta Martínez Verduch.
Por eso, esta cuantía indemnizatoria abarca daños físicos tales como ansiedad o insomnio, daños materiales y morales por el quebranto de la inviolabilidad de domicilio y la pérdida económica en la venta de la vivienda. Además, el fallo impone también el pago de los intereses y 1.500 euros en concepto de costas al Ayuntamiento.
Para el abogado este fallo abre la puerta no solo a demandas derivadas de la contaminación acústica, sino “a cualquier tipo de reclamación contra la Administración si no actúa de forma eficaz”.