El juzgado mercantil 2 de Barcelona ha dictado una sentencia que acuerda la homologación del Plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa. Este plan, ya homologado, prevé la capitalización de una parte importante de la deuda, de manera que los fondos de inversión de los acreedores pasen a ser accionistas de la compañía sustituyendo a los actuales propietarios.
En la resolución, el magistrado acuerda la homologación del Plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa. Este plan, ahora ya homologado, prevé la capitalización de una parte importante de la deuda, de manera que los fondos de inversión de los acreedores pasen a ser accionistas de la compañía sustituyendo a los actuales propietarios.
En la resolución, el magistrado acuerda la homologación del Plan de reestructuración al entender que este reúne todos los requisitos legales dado que el importe de la deuda es muy superior al valor de la compañía y que, con la propuesta de los acreedores se asegura la viabilidad del Grupo Celsa.
La sentencia afirma que “en una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica”.
La sentencia reconoce a los acreedores la facultad de implementar el plan propuesto, que “es la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa”, y les advierte que también “deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto”.
Esta sentencia, según el magistrado, profundiza en una interpretación económica de la Ley Concursal y proporciona muchos criterios interpretativos para sucesivas situaciones de crisis que puedan favorecer las negociaciones entre deudor y sus acreedores.
La sentencia recoge “que esta nueva situación en sintonía con lo que sucede en las economías más competitivas del mundo, sea una buena noticia para todos dependerá del uso responsable de las extraordinarias facultades de decisión que se conceden a los acreedores, del cuidado y protección de todos los intereses en juego y de la preservación del valor empresarial y la continuidad de las compañías”.