Carlos B Fernández. Tal como anticipamos recientemente, la XXVIII Cumbre Iberoamericana, celebrada en República Dominicana, ha aprobado la “Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales”.
Se trata de un documento, firmado por los 22 países asistentes a la cumbre, cuyo objetivo es promover unos principios comunes para que sean tomados en cuenta por los Estados al momento de adoptar o adecuar las legislaciones nacionales o poner en marcha políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes en entornos digitales, así como por las empresas, la sociedad civil y la academia a la hora de desarrollar y aplicar tecnologías, colocando a las personas en el centro de la transformación digital.
En este sentido, la Carta entiende por “Derechos Digitales” los Derechos Humanos en entornos digitales. Y por “entornos digitales”, los servicios, plataformas y aplicaciones que permiten interactuar a las personas y organizaciones en la producción, distribución y acceso tanto de datos como de información a través de medios virtuales.
La Carta se basa en “la necesidad de abordar a nivel iberoamericano una problemática de acuciante actualidad y de enorme importancia para el ejercicio de los derechos y es producto de un proceso de identificación de principios comunes que permitan avanzar hacia una SI más justa, equitativa, inclusiva y segura”. Este ejercicio, se añade, encuentra sustento en los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas (LA LEY 2993/1990), el derecho internacional y en el acervo fundacional de la Conferencia Iberoamericana en cuanto a la defensa del multilateralismo, la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos, el compromiso con el desarrollo sostenible, la promoción de la cooperación y el respeto a la democracia y todos los Derechos Humanos para todas las personas.
En este sentido, sus firmantes manifiestan su compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas (LA LEY 2993/1990) y el derecho internacional, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos y de la UIT, que reconocen que los mismos derechos existentes “fuera de línea” deben ser protegidos también en los entornos digitales, teniendo en consideración sus particularidades.
Al igual que la Carta Española de Derechos Digitales, se trata de un documento con carácter declarativo y no vinculante. Por tanto, no afecta el contenido ni la aplicación de normas jurídicas internas de los Estados.
Estructura y contenido de la Carta
La Carta Iberoamericana se estructura en diez puntos, cada uno de los cuales se desarrolla en una serie de compromisos:
1. Centralidad de la persona. Derechos y deberes en entornos digitales
Los firmantes expresan su compromiso de:
• Promover la construcción de una SI inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo.
• Fomentar condiciones estructurales, prácticas, herramientas y marcos regulatorios que promuevan el acceso universal, equitativo y asequible a la infraestructura y los servicios de las TIC, sin discriminación de tipo alguno.
• Garantizar que el respeto, promoción y protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes recogidos en nuestras constituciones y marcos jurídicos se interpretarán, aplicarán y ejercerán en los entornos digitales, teniendo en cuenta sus particularidades.
• Traducir las nuevas realidades digitales en una ampliación del campo de los derechos de las personas y el cumplimiento de sus deberes en los entornos digitales.
• Propender a que la falta de medios, habilidades o competencias digitales no suponga una discriminación o exclusión para quienes no pueden o no están en disposición de integrarse en el proceso de trasformación digital.
2. Inclusión digital y conectividad
Los firmantes expresan su compromiso de:
• Concentrar esfuerzos para reducir las desigualdades y realizar acciones que faciliten la inclusión y fortalezcan la cohesión social.
• Promover políticas inclusivas que reconozcan y atiendan las situaciones de vulnerabilidad de los diferentes colectivos y grupos sociales en los entornos digitales y que protejan los derechos fundamentales.
• Brindar especial atención a la reducción de las brechas existentes y evitar las nuevas brechas que la transformación digital pueda generar en grupos en situación de vulnerabilidad.
• Promover políticas públicas que atiendan a disminuir la brecha de género digital, tales como la implementación de programas de digitalización con enfoque de género que tengan por objeto la participación en igualdad de condiciones de las mujeres en la transformación digital y la promoción de entornos digitales libres de violencia.
• Impulsar el acceso a servicios de conectividad en condiciones no discriminatorias, asequibles y de calidad para toda la población.
• Fomentar la transferencia de tecnología mediante la asistencia y cooperación técnica y financiera, así como la creación de capacidades científicas y tecnológicas para colmar la brecha digital y del desarrollo.
• Fomentar el despliegue de redes móviles de nueva generación mediante planes, iniciativas y estrategias en el espacio iberoamericano que fortalezcan infraestructuras digitales y la integración de los países de la región, especialmente mediante el despliegue de redes de fibra óptica, la promoción de la conectividad, el establecimiento de puntos de intercambio de tráfico de Internet, en estricta observancia de los estándares y las recomendaciones internacionales y teniendo en cuenta los diferentes niveles de preparación de los países, así como sus legislaciones nacionales.
3. Privacidad, confianza, seguridad de datos y ciberseguridad
Los firmantes expresan su compromiso de:
• Fomentar entornos digitales seguros y confiables, estableciendo medidas para garantizar la protección de la privacidad de las personas y de los datos personales.
• Adoptar las medidas necesarias, en correspondencia con los recursos disponibles, para que los sistemas de información posean, desde el diseño y por 9 defecto, un adecuado nivel de seguridad y recuperación, atendiendo a la naturaleza y criticidad de la información.
• Desarrollar un marco legal, políticas y acciones educativas que apunten a convertir la ciberseguridad y la lucha contra el cibercrimen y la violencia digital en un empeño colectivo orientado a garantizar los derechos de las personas y a fortalecer la seguridad de los países.
• Promover estrategias y políticas iberoamericanas en relación con la prevención e investigación de los ciberdelitos que incluyan el desarrollo de capacidades y la creación y fortalecimiento de las redes de asistencia y cooperación iberoamericana.
• Promover la sensibilización y formación en materia de cuidados digitales y ciberseguridad de todas las personas, incluyendo programas de cooperación bilateral y a nivel iberoamericano.
• Continuar y reforzar la cooperación efectiva entre los países del espacio iberoamericano relacionada con la protección de datos personales y privacidad.
• Impulsar la cooperación iberoamericana para avanzar en la interoperabilidad de datos y el intercambio de experiencias y buenas prácticas que sirva de insumos para el diseño e implementación de políticas públicas para la protección de infraestructuras críticas de información.
4. Acceso pleno a la educación, la cultura y la salud en entornos digitales inclusivos y seguros
Los firmantes expresan su compromiso de:
• La transformación digital sea un instrumento que potencie el acceso pleno a la educación, la cultura y la salud.
• Sean promovidas iniciativas orientadas al desarrollo de competencias digitales, considerando que dichas competencias no solo deben estar relacionadas con el desarrollo de las herramientas disponibles, sino con las habilidades fundamentales que permitan a las personas vincularse con los entornos digitales de forma crítica, reflexiva, creativa y segura.
• Se promuevan planes e iniciativas de política en materia de educación y formación sobre el uso y apropiación de las tecnologías digitales, que prevean la adaptación curricular, la ciberseguridad, el uso de recursos digitales, la conectividad y la capacitación de educadores para la adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la era digital, todo ello en coordinación con las autoridades competentes.
• Las políticas públicas promuevan entornos digitales seguros y saludables que protejan el bienestar psicológico y la salud mental, incluyendo los sectores más vulnerables.
• Se identifiquen fuentes adicionales de asistencia y cooperación internacional que permitan atender en mayor medida los compromisos aquí anunciados.
• Fomentar que en los contenidos generados a través de las tecnologías digitales se promocionen los saberes y los conocimientos ancestrales, como parte del acervo histórico de las comunidades indígenas.
5. Especial atención a niñas, niños y adolescentes
Los firmantes expresan su compromiso de:
• Promover políticas activas que tengan por objeto asegurar el respeto a la integridad, intimidad y privacidad de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.
• Proveer de especial protección a las niñas, niños y adolescentes frente a prácticas abusivas, discriminatorias y violentas en los entornos digitales, así como frente a contenidos digitales que puedan resultar traumáticos o dañinos para su desarrollo integral o promover actitudes discriminatorias o vejatorias.
• Reforzar y desarrollar políticas públicas que faciliten y promuevan en forma universal el acceso a la educación mediante herramientas digitales.
• Impulsar estrategias y programas de formación orientados al desarrollo de competencias para el desempeño seguro en entornos digitales por parte de niñas, niños y adolescentes, así como de sus familias, entornos y comunidades.
• Promover que el tratamiento de datos personales de niñas, niños y adolescentes sea el mínimo indispensable para que puedan satisfacer sus necesidades y acceder a los servicios públicos que les correspondan, restringiendo de modo efectivo el uso y procesamiento de datos, sistemas de perfilado y prácticas comerciales destinados a manipular la voluntad de niñas, niños y adolescentes.
• Promover políticas y estrategias a través de medios digitales para que niñas, niños y adolescentes expresen sus opiniones y participen en las decisiones que les conciernen, en igualdad de condiciones, para que puedan ser defensores efectivos de sus derechos, individualmente y como grupo.
6. Participación social, económica y política en entornos digitales justos y sostenibles
Los firmantes expresan su compromiso de:
• Promover el derecho a recibir libremente información veraz, desarrollar acciones para combatir la desinformación y promover la libre elección de servicios y contenidos digitales.
• Promover mecanismos de acceso a información pública, considerando que el acceso oportuno y la incorporación de la transparencia como una dimensión transversal de las políticas públicas, posibilitan la participación pública efectiva y el ejercicio de todos los derechos humanos por todas las personas sin distinción de tipo alguno.
• Consolidar la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado en los nuevos medios en el marco de las leyes nacionales vigentes, a fin de consolidar la protección de los derechos humanos y los valores democráticos. El ejercicio de este derecho entraña deberes especiales y las restricciones a este derecho deben estar expresamente fijadas por la ley o las constituciones de los países y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
• Crear un marco justo e igualitario para el desarrollo de la iniciativa económica en los entornos digitales para que las personas y colectivos puedan ejercer adecuadamente sus derechos y en cumplimiento de sus deberes.
• Procurar, conforme a la normatividad de cada país, los cauces jurídicos que garanticen las formas de expresión, creación artística, y emprendimiento características de los entornos digitales.
• Apostar por la sostenibilidad de los entornos digitales, sus infraestructuras y sus soportes físicos, primando tecnologías sostenibles e impulsando el aporte de la digitalización a la transformación ecológica de nuestras sociedades y aparatos productivos.
7. Administración pública digital
Los firmantes expresan su compromiso de:
• La prestación de servicios digitales por parte del Estado y los trámites administrativos digitales sean personalizados, sencillos, inclusivos, accesibles, interoperables y seguros.
• Se avance en el adecuado procesamiento de datos personales por parte de las administraciones públicas, asegurándose el consentimiento informado de los titulares de los datos, cuando este sea requerido por la normativa nacional.
• La identidad digital permita una mayor inclusión social, el reconocimiento efectivo de derechos, la tutela judicial efectiva y la prevención del robo de identidad.
• Sean fomentados sistemas de autenticación y uso de firmas digitales que aseguren la integridad de los documentos digitales, dotándoles de mayor seguridad tanto técnica como jurídica.
• Las personas, al realizar trámites gubernamentales, no tengan que presentar reiteradamente documentos que ya obren en poder de la Administración, especialmente si los suministraron previamente de manera electrónica.
• Las personas reciban notificaciones electrónicas de la Administración sobre trámites realizados y actos administrativos que las vinculen o informaciones generales que sean de su interés; siempre y cuando el medio y formato utilizado sea de su aceptación o así lo haya solicitado, con las limitaciones que se deriven de las normativas nacionales.
• Ninguna persona sea discriminada o restringida en su relación con la Administración si no está en capacidad o disposición de utilizar medios electrónicos.
• Se fomente la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas de los gobiernos a través de las TIC, para promover y fortalecer una transformación digital de la sociedad.
8. Economía digital justa, inclusiva, y segura
Los firmantes expresan su compromiso de:
• La transformación digital de nuestras economías sea respetuosa de los derechos de las personas, tanto en su faceta de trabajadores como en la de consumidores y usuarios.
• Se fomenten nuevas formas de empleo y teletrabajo, actualizando las políticas laborales y las normas para asegurar una protección social adecuada, el trabajo digno, la salud, el diálogo social y la participación de los trabajadores en la economía digital.
• El grado de protección de las personas consumidoras y usuarias en los entornos digitales no sea inferior a la garantizada en otras formas de comercio.
• La igualdad y no discriminación en el acceso a mercados digitales y la compatibilidad, seguridad, transparencia y equidad de sistemas, dispositivos y aplicaciones sea garantizada.
• La transformación digital sea un proceso que impulse un modelo de desarrollo sostenible, promoviendo la desconcentración demográfica y el fortalecimiento de las potencialidades del ámbito rural.
• El impulso de una economía digital iberoamericana y del comercio electrónico transfronterizo, en el que capacidades, asistencia técnica y buenas prácticas estimulen y generen un desarrollo justo e inclusivo.
9. Un abordaje de tecnologías emergentes que no renuncie a la centralidad de las personas
Los firmantes expresan su compromiso de
• Abordar conjuntamente las cuestiones asociadas a las tecnologías emergentes, así como su uso seguro, ético y responsable.
• Promover políticas públicas y marcos normativos que fomenten el desarrollo y uso seguro, ético y responsable de las tecnologías emergentes, en pleno respeto a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas (LA LEY 2993/1990) y el derecho internacional, incluidos todos los derechos humanos para todas las personas, y con la participación de las múltiples partes, según sus roles y responsabilidades.
• Facilitar el intercambio de experiencias y abordar colectivamente los retos que suponen las tecnologías emergentes.
10. Asistencia y cooperación iberoamericana para la transformación digital
Los firmantes expresan su compromiso de:
• Fomentar iniciativas en el ámbito iberoamericano de cooperación técnica, transferencia de tecnología y creación de capacidades científicas y tecnológicas para reducir la brecha digital en y entre nuestros países.
• Generar sinergias con otras iniciativas globales o regionales en curso, según corresponda y en plena y estrecha coordinación con los países iberoamericanos.
• Dar seguimiento a la presente Carta, solicitando a la SEGIB la promoción de los mecanismos de cooperación iberoamericanos en sus diferentes modalidades en especial la Sur- Sur, Norte- Sur y triangular que fortalezcan el desarrollo y la transformación digital de los países, así como la identificación de posibles acciones que puedan contribuir o coadyuvar a la cooperación en el ámbito iberoamericano según lo acordado por nuestros países.
• Rechazar las medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas (LA LEY 2993/1990) que impiden a Estados iberoamericanos tener pleno acceso a las TIC y el ejercicio pleno de los derechos de las personas reflejados en esta Carta.
Para alcanzar todos estos compromisos, los firmantes resaltan en la introducción de la Carta, la importancia de contar con los recursos necesarios para garantizar el desarrollo digital, incluido el fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo, a fin de reducir la brecha digital y alcanzar una sociedad digital inclusiva, justa, segura, resiliente y sostenible.