De esta manera se asegura la transparencia financiera de las transferencias de criptoactivos y se dota a la UE de un marco sólido que cumple con las normas internacionales más exigentes sobre el intercambio de criptoactivos, para que estos no se empleen con fines delictivos.
Antecedentes
Los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo son una importante prioridad para el sistema financiero de la UE y la seguridad de sus ciudadanos. Desde 2018, la UE cuenta con normas reforzadas de lucha contra el blanqueo de capitales. Estas normas dificultan la ocultación de fondos ilegales en tramas de empresas ficticias y refuerzan los controles a terceros países de riesgo. También refuerzan la función de las autoridades de supervisión financiera y mejoran el acceso a la información y su intercambio.
No obstante, las normas deben adaptarse continuamente para hacer frente a los riesgos derivados de: la innovación tecnológica, como las monedas virtuales; la integración creciente de los flujos financieros en el mercado interior; la globalización de las organizaciones terroristas; el ingenio de los delincuentes para aprovechar las lagunas o deficiencias del sistema. En junio de 2019, el Consejo Europeo adoptó su Agenda Estratégica para 2019-2024. Proteger a los ciudadanos y las libertades es una de sus cuatro prioridades.
Este Reglamento actualizado forma parte de un conjunto de propuestas legislativas presentadas por la Comisión el 20 de julio de 2021 y destinadas a reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre ellas figura también una propuesta destinada a crear una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales.
El Consejo acordó su posición sobre la propuesta sobre transferencias de fondos el 1 de diciembre de 2021. Las negociaciones del diálogo tripartito comenzaron el 28 de abril de 2022 y concluyeron con un acuerdo provisional el 29 de junio.
Contenido
El presente Reglamento establece normas sobre la información que debe acompañar a las transferencias de fondos en cualquier moneda, en lo referente a los ordenantes y los beneficiarios de estas, y sobre la información que debe acompañar a las transferencias de criptoactivos en lo referente a los originantes y los beneficiarios de estas, a efectos de la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo cuando al menos uno de los proveedores de servicios de pago o proveedores de servicios de criptoactivos participantes en esa transferencia de fondos o transferencia de criptoactivos esté establecido o tenga su domicilio social, según corresponda, en la Unión. Asimismo, el presente Reglamento establece normas sobre políticas, procedimientos y controles internos para garantizar la aplicación de medidas restrictivas cuando al menos uno de los proveedores de servicios de pago o de criptoactivos participantes en esa transferencia de fondos o criptoactivos esté establecido o tenga su domicilio social, según corresponda, en la Unión.
La presente adopción formal constituye el último paso del proceso legislativo. Con arreglo a las nuevas normas, se impone a los proveedores de servicios de criptoactivos la obligación de recopilar determinada información sobre el remitente y el beneficiario de las transferencias de activos que se realicen a través de sus servicios, con independencia del importe de la transacción, y de dar acceso a dicha información. De esta manera se asegura la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos, de modo que pueden detectarse mejor y bloquearse las posibles transacciones sospechosas.